En el contexto de un debate político cada vez más centrado en la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos, el presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha expresado sus preocupaciones respecto a la financiación de Vox y el manejo de los fondos públicos que habrían sido destinados a la dirección nacional del partido. Este escrutinio surge en respuesta a un reciente mandamiento de la Intervención de las Cortes, que obligó a Vox a restituir más de 34.000 euros.
Durante un pleno del Parlamento autonómico, en medio de la presentación de la reforma del artículo 29.7 del Reglamento de la Cámara, Godoy insistió en que el financiamiento público debe permanecer dentro de las fronteras de Castilla-La Mancha, para fomentar actividades relacionadas exclusivamente con la política y el funcionamiento interno de los grupos parlamentarios regionales. Subrayó que estos fondos no deben ser utilizados para apoyar actividades políticas fuera del ámbito regional.
Godoy recordó que Vox había desviado fondos públicos otorgados a la región hacia su partido a nivel nacional, una práctica que la nueva reforma del reglamento busca regular estrictamente. Aclaró, sin embargo, que la reforma no está diseñada para atacar a ningún grupo en particular, sino para fortalecer la financiación transparente y eficiente de la política de Castilla-La Mancha.
El político socialista enfatizó la necesidad de responsabilidad y transparencia en el uso de fondos públicos, advirtiendo que la Cámara no puede ni debe ignorar estas cuestiones. La reforma establece que todos los partidos vinculados a los grupos regionales deberán justificar meticulosamente el destino de cualquier fondo transferido. «Nada podrá ser opaco, y todo deberá integrarse en la contabilidad específica presentada ante la Mesa de las Cortes», afirmó Godoy, poniendo de relieve que cada euro debe ser trazable, cada gasto demostrable y cada transferencia transparente.
El enfoque de esta reforma parece alinearse con un movimiento más amplio hacia prácticas gubernamentales más claras y responsables, asegurando que los fondos públicos cumplan con su propósito: apoyar y mejorar el desarrollo político regional en beneficio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
