El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas han acordado establecer una cuantía mínima de entre 100 y 200 euros para las prestaciones de atención a la dependencia, y un incremento de las cuantías máximas hasta los 455,40 euros mensuales en el caso de las ayudas para cuidados en el entorno familiar.
Estas mejoras se llevarán a cabo a través de la modificación del Real Decreto que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, tal y como lo han acordado este miércoles el Ministerio y las CCAA, en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Si bien, esta reforma tendrá que ser aprobada por el Consejo de Ministros después de los trámites preceptivos.
Actualmente, en la normativa estatal no se establecen cuantías mínimas para las prestaciones económicas del Sistema de Atención y Autonomía a la Dependencia, lo que supone que las ayudas pueden ser muy reducidas, incluso cercanas a cero euros, según ha precisado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.
Con fecha de 31 de octubre de 2022, en el conjunto de las comunidades autónomas, del total de las 703.000 personas que reciben prestaciones económicas hay 61.400 expedientes en los que la cuantía que se percibe es inferior a 100 euros al mes y 27.750 casos en los que se reciben entre 0 y 50 euros al mes.
Para revertir esta situación, el Ministerio y las CCAA proponen que tanto para las prestaciones económicas relativas a los cuidados familiares, vinculadas al servicio, como las de asistencia personal cuenten con una cuantía mínima de 100 euros en el caso del grado I de dependencia; 150 euros para el grado II y 200 euros para el grado III.
Al mismo tiempo, han acordado incrementar las cuantías máximas. Así, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar se incrementarán en un 17,65%, de forma que pasarán de 153 a 180 euros mensuales en el caso del grado I de dependencia; de 268,79 a 315,90 euros en el grado II y de 387,64 a 455,40 euros en el caso del grado III.
Además, las prestaciones económicas vinculadas al servicio se incrementarán, con carácter general, un 4,5%. Además, en el caso de la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, se equipara la cuantía máxima del grado II a la que corresponde al grado III (747,25 euros) y en la prestación económica vinculada al servicio de centro de día, se iguala la cuantía máxima del grado I a la que corresponde al grado II (445,30 euros).
También aumentarán en un 4,5% las prestaciones económicas para asistencia personal, pero la cuantía del grado II se igualará a la correspondiente al grado III. De esta forma, el grado I pasará de 300 a 313,50 euros; el grado II, de 426,12 a 747,25 euros y el grado III, de 715,07 a 747,25 euros.
700.000 PERSONAS BENEFICIADAS
Según los últimos datos disponibles, a 31 de octubre, estas medidas, de aplicarse hoy, impactarían de forma directa en más de 700.000 personas que verían incrementadas sus prestaciones, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales.
Por otro lado, han acordado incrementar la intensidad de las horas mínimas de la ayuda a domicilio: en el caso del grado I, pasar de un máximo de 20 horas mensuales a una horquilla de entre 20 y 37 horas; en el caso del grado II, pasar de entre 21 y 45 horas a entre 38 y 64 horas y para el caso del grado III, pasar de las entre 46 y 70 horas actuales a una horquilla de entre 65 y 94 horas.
Entre otros cambios, también han acordado que las personas con grado I de dependencia puedan recibir atención residencial, dentro del catálogo, y se elimina la limitación de acceso a la atención residencial a los grados II y III que se produjo en 2013.
Además, en cuanto al acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, se elimina la obligatoriedad del requisito de parentesco y de acreditación de cuidados previos (un año antes de presentar la solicitud).
Asimismo, se podrán considerar como servicios aquellas prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar que lleven aparejadas un servicio de apoyo al hogar de la persona dependiente de forma que se descargue a las personas cuidadoras.
También se plantean otras modificaciones como la adaptación a la normativa de protección de datos; actualizar la normativa de baremo de valoración de la discapacidad; indicar la teleasistencia como servicio complementario o la especificación de que los máximos de intensidad del SAD son ampliables por las comunidades autónomas.
Estos cambios se enmarcan dentro del Plan de Choque de Dependencia que está implementando el Ministerio de Derechos Sociales, el cual ha incrementado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023, 1.800 millones de euros (600 millones anuales) de su presupuesto para mejorar las prestaciones, reducir las listas de espera y mejorar los apoyos a las personas en situación de dependencia.
FINALIZA LA ESTADÍSTICA SEMANAL DE RESIDENCIAS Y COVID
El Ministerio y las CCAA han acordado, asimismo, la creación de un grupo de trabajo para abordar la situación derivada de la falta de profesionales con formación en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la finalización de la estadística semanal de residencias y COVID-19.
Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha consensuado el ‘Acuerdo Marco para la Estrategia Sinhogarismo 2023-2030’
que tiene como objetivo la erradicación del sinhogarismo de calle en 2030, es decir, «que nadie, que no quiera, duerma en la calle en 2030».
Entre otros compromisos recogidos en este acuerdo, destacan: el desarrollo de un sistema de prevención orientado a la detección, la atención temprana y la reducción de las consecuencias del sinhogarismo; la transformación progresiva del sistema de atención, ofreciendo soluciones personalizadas, orientadas a la vivienda y con enfoque de desinstitucionalización, o la asignación de suficientes recursos económicos.
Igualmente, el Ministerio ha presentado al órgano la ‘Estrategia de Desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad’, un proyecto que articula las recomendaciones a España desde la Comisión Europea en materia de modelo de cuidados, especialmente en el seguimiento del cumplimiento con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que España ratificó en 2007.
Este proyecto, que se encuentra en sus primeras fases, sigue las orientaciones de las normativas internacionales que promueven que las personas puedan vivir en los entornos comunitarios con los apoyos y cuidados que necesiten, según ha precisado el Ministerio de Derechos Sociales.
