El Gobierno regional suscribió un seguro para cubrir la defensa jurídica de personal docente que enfrente proceos derivados de su labor

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte cuenta desde el 1 de enero con un seguro que cubre la defensa jurídica en juicios civiles y/o penales del personal docente de centros públicos no universitarios, reforzando así el apoyo a los docentes que se puedan enfrentar a procesos derivados de conflictos como consecuencia de su labor.

El seguro, suscrito con la firma ‘Europe Assistance’ a través de un concurso público, se suma a la decisión del Gobierno regional para autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta para peronare como acusación particular en los procesos penales derivados de hechos y actos producidos contra el personal docente que depende de la Administración regional durante el ejercicio de sus funciones.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha destacado que aunque no son muchos los casos de insultos, amenazas o agresiones, “sólo con que haya uno que se produzca es rechazable y es necesario prestar todo el apoyo al profesorado afectado, porque la escuela es lugar de encuentro y nunca de conflictos. Estos casos tienen mucha trascendencia social y la sociedad necesita visualizar con claridad que la administración  valora, respeta y defiende la autoridad y la función del profesorado”.

Esta póliza de seguros busca garantizar el asesoramiento, la asistencia en juicio y el pago de gastos, tasas y honorarios profesionales, entre otros, a los que se tenga que enfrentar un docente como consecuencia de su implicación en procedimientos judiciales, siempre que se trate de actos u omisiones realizado por él o contra él que constituyan un atentado contra la autoridad del profesorado en el ejercicio de su actividad profesional.

Igualmente, garantizará los gastos de reclamación de daños y perjuicios que pueda exigir el profesorado contra terceros responsables por sucesos ocurridos en el desarrollo de sus funciones docentes.

El asegurador asume los gastos derivados de la defensa jurídica del docente, como tasas y costas judiciales, honorarios de abogados defensores, gastos notariales o constitución de fianzas exigidas en casos penales.

Los asegurados tendrán derecho a elegir libremente al procurador y abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier procedimiento aunque no pertenezca a la compañía aseguradora.

Hasta ahora la asistencia jurídica a los docentes de la pública la realizaba el Gabinete Jurídico de la Junta y en el caso de la concertada había una póliza ya que cubría la asistencia.

En el caso de la personación como acusación particular viene a  plantear una medida adicional a la establecida en la Ley de autoridad del profesorado de Castilla-La Mancha de 10 de mayo de 2012, reforzando la figura del profesorado y garantizando el ejercicio pacífico de su profesión, para lo cual se ha valorado la conveniencia de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda actuar como acusación particular en los procesos penales derivados de actos cometidos frente al personal docente en ejercicio de sus cargos.

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