El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la regulación de las jubilaciones parciales del profesorado de centros privados concertados. Este 18 de diciembre de 2025, se firmó un acuerdo que involucra a múltiples actores del ámbito educativo, incluyendo organizaciones sindicales y patronales, que establece un marco normativo para facilitar la transición de docentes hacia su jubilación.
El acuerdo fue firmado por Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes, quién representó al Gobierno regional. También participaron José Javier Grijalbo Manrique, de CECE-CLM; Isabel Herrero Alía, de FERE-CECA; y Ángel Gómez García, de UCE-CM, entre otros representantes de organizaciones y sindicatos del sector educativo.
Este pacto beneficiará a aproximadamente 3.847 docentes que se encuentran en la nómina de pago delegado en Castilla-La Mancha. La normativa establece que el Gobierno regional asumirá la financiación de todos los gastos de nómina y Seguridad Social asociados a la jubilación parcial del personal docente. Esto incluye tanto al docente que se jubila parcialmente como a su relevista, garantizando así una continuidad en la enseñanza sin afectar la calidad educativa. Esta medida se aplicará exclusivamente a los centros concertados que operan bajo el sistema de pago delegado y las cooperativas que financian mediante módulos íntegros, hasta que el docente jubilado alcance la edad ordinaria de jubilación.
El acuerdo tendrá efecto desde el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, abarcando el periodo de inicio de las jubilaciones parciales y hasta que cada jubilado alcance su edad legal de retiro. Además, hay una cláusula que permite la prórroga del acuerdo siempre que las partes involucradas así lo decidan.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Castilla-La Mancha se compromete no solo a facilitar la jubilación de los docentes, sino también a asegurar un relevo generacional en las aulas, contribuyendo a la estabilidad y mejora del sistema educativo en la región. La esperanza es que estas medidas ayuden a crear un entorno laboral más flexible y adecuado a las necesidades de los profesionales de la educación, al tiempo que se preserva la calidad de la enseñanza impartida en los centros privados concertados.
