Un reclamo al Estado por 135 millones de euros que adeuda a la región en la liquidación de los recursos del sistema de financiación económica autonómica de 2017 y que son consecuencia de la modificación del reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ha autorizado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Dicha reclamación la realizará el gabinete jurídico de la Junta de Comunidades que adoptará las medidas administrativas y las acciones judiciales que sean necesarias.
Reclamo del Gobierno de CLM al Estado por 135 millones que le adeuda
Esto ha sido informado en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruíz Molina. El consejero informó a los medios, que este acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy, supone cumplir con el compromiso que tiene el presidente regional, Emiliano García-Page, “en defensa de los intereses de esta región y de sus ciudadanos”.
Recordó además el consejero de Hacienda, que esta problemática se originó en 2017 debido a la implantación del Sistema Inmediato de Información del IVA por parte del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El que en la práctica ha supuesto que en la liquidación de los recursos del sistema de financiación de 2017, que se ha llevado a cabo en 2019, se haya restado la recaudación de una mensualidad a las comunidades autónomas, lo que para Castilla-La Mancha se traduce en una disminución de unos 135 millones de euros.
El reclamo del Gobierno regional tiene sólidos argumentos jurídicos
Y explicó Ruíz Molina, que la actuación que plantea el Gobierno regional de reclamo de las cantidades adeudadas, tiene “sólidos argumentos jurídicos”. Y destacó en primer lugar, que se atenta contra el principio de autonomía financiera, que se reconoce tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Y que de acuerdo con este principio, “los recursos financieros con que cuentan las comunidades autónomas no pueden estar al albur de las decisiones que se adopten de forma unilateral por la Administración del Estado ni de la estabilidad o inestabilidad política que haya en el Estado, como ya señalamos en relación con las entregas a cuenta”.
El consejero de Hacienda se ha referido al principio de lealtad institucional
En segundo lugar, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha mencionado el principio de lealtad institucional, por el que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), deben estar basadas las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia financiera.
El Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que este principio no se contempló cuando se acometió la modificación de la regulación del IVA por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ya que no se contó con las comunidades autónomas, a las que este cambio afectaba directamente; no se valoró el efecto que tendría sobre las finanzas de las regiones y tampoco se establecieron los mecanismos de compensación correspondientes.
La modificación del IVA debería haberse discutido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera
Además, desde el Ejecutivo regional se entiende que esta modificación del IVA se debería haber discutido en aquel momento en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, dado que, de acuerdo con la LOFCA, es el órgano de coordinación de la actividad financiera entre las Comunidades Autónomas y la Hacienda del Estado.
En cualquier caso, ha añadido Ruiz Molina al respecto, “este tipo de acciones por la vía administrativa y, en su caso, la judicial, entran dentro de la normalidad y en el respeto absoluto de los intereses de los ciudadanos de esta región, que en estos momentos cuentan con 135 millones de euros menos que se podrían destinar a la educación, a la sanidad o a los servicios sociales».
El consejero considera que esto se resolverá mediante el diálogo
No obstante, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha insistido en que, con independencia de que se haya dado autorización al gabinete jurídico para emprender este tipo de acciones, considera que esta cuestión “se va a resolver mediante el diálogo, que es como se suelen resolver las controversias en materia financiera entre el Estado y las comunidades autónomas”.
Finalmente, Ruiz Molina ha querido valorar el interés y la voluntad de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por resolver este asunto a través del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, aunque se trataba de un problema que procede del anterior Gobierno central.
