El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha informado sobre la posibilidad de sanciones para las dirigentes de Vox que participaron en la concentración del pasado martes frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Esta movilización fue prohibida por la Delegación del Gobierno para proteger el interés superior de los menores que residen en el centro.
La concentración, convocada por Vox tras la presunta violación de una menor de 14 años por parte de un residente del centro, contó con la presencia de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y de otros representantes del partido, incluida la diputada nacional Rocío de Meer, quien exigió el cierre del centro y de todos los «centros ilegales» en el país.
También estuvo presente el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, quien mostró su solidaridad con la víctima y su familia. Moreno anunció que Vox Castilla-La Mancha se compromete a evitar futuros incidentes similares en la región e interpelará al Gobierno socialista en el próximo Pleno sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAs).
Martín, en una entrevista en la ‘Cadena Ser’, declaró que la policía ha realizado filiaciones de los participantes en la concentración, lo que puede llevar al levantamiento de actas con propuestas de sanción. «Todo parece indicar que efectivamente habrá sanciones», apuntó el delegado, quien explicó que la prohibición de la concentración se debió a que se trataba de un evento de «riesgo elevado» destinado a «hostigar» y «amenazar» a los menores en las puertas del centro.
El delegado lamentó que, a pesar de la prohibición, el acto se llevó a cabo, señalado que un partido político debería ser ejemplar en el cumplimiento de las normas. Además, criticó el «discurso de odio» que se ha generado en torno a los migrantes, enfatizando que el foco debería estar en la violencia sexual, no en la nacionalidad de los agresores.
Martín recordó que en Madrid se han registrado 256 violaciones en lo que va de año, 22 menos que en el mismo periodo del año pasado, y subrayó que solo se presta atención a un caso específico cuando el presunto autor es un migrante. «Esto es extremadamente grave, porque además de ser injusto, representa una amenaza para los migrantes que se encuentran en una situación vulnerable», concluyó.