El Parlamento de Grecia ha dado luz verde a una controvertida ley que impone penas de prisión de al menos diez años a los miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) que faciliten la entrada ilegal de inmigrantes en el país. Esta legislación fue aprobada por la gobernante Nueva Democracia, bajo el liderazgo del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, mientras que los partidos de oposición de izquierda se manifestaron en contra, argumentando que esta medida estigmatiza a quienes intentan ayudar a personas en situaciones vulnerables.
El nuevo marco legal incluye sanciones estrictas, como multas de 50.000 euros o más, y se prevé que el simple hecho de ser imputado —sin necesidad de condena— por este tipo de delito podría resultar en la eliminación de la ONG del registro oficial, un paso fundamental para poder operar en Grecia. Los detractores han calificado esta normativa como una persecución hacia la sociedad civil y un refuerzo de políticas de inmigración «ultraderechistas», comparándola incluso con las decisiones tomadas bajo la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
Con esta aprobación, el Gobierno griego también ha decidido limitar la financiación estatal a las ONG, permitiendo que solo un 30% del presupuesto operativo de cada organización provenga de fondos públicos. La medida llega después de un reciente fallo judicial que absolvió a varios voluntarios de una ONG de cargos relacionados con tráfico de personas, lo que ha intensificado el debate sobre el tratamiento que reciben las organizaciones dedicadas a la asistencia humanitaria. A medida que se implementan estas nuevas regulaciones, la preocupación por los derechos humanos y la solidaridad con los inmigrantes se hace más palpable en el discurso público.
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