El Gobierno de Castilla-La Mancha ha salido al paso de las declaraciones del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha solicitado al Gobierno de España que actúe como mediador en la distribución del agua entre las diferentes comunidades autónomas. En este contexto, Mazón exigió que el gobierno central cumpla una función equivalente a la de un «VAR del agua», refiriéndose al sistema de arbitraje asistido por video conocido en el mundo del fútbol.
La respuesta por parte del ejecutivo de Castilla-La Mancha no se ha hecho esperar. Esther Padilla, portavoz del Consejo de Gobierno regional, durante una rueda de prensa, ha hecho referencia a Mazón señalando que usualmente el presidente valenciano es crítico con las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez y probablemente no aceptaría una resolución gubernamental sobre el asunto hídrico, calificándola de «decisión partidista».
Padilla ha señalado que, en lugar de buscar una mediación del Gobierno de España, el «mejor VAR» para el problema del trasvase serían las «cinco sentencias del Tribunal Supremo». Estas sentencias establecen claramente las acciones a seguir, las cuales incluyen el respeto a los caudales ecológicos y la necesidad de adaptar las reglas de explotación a las mismas, así como al plan hidrológico ya aprobado.
La consejera portavoz de Castilla-La Mancha ha subrayado la contundencia de las decisiones del Tribunal Supremo, insistiendo en que los dictámenes judiciales establecen una línea clara y definida, dejando entrever que cualquier discrepancia con estas resoluciones sería un rechazo a la autoridad judicial.
El cruce de declaraciones entre los representantes de las dos comunidades autónomas subraya la complejidad y la naturaleza técnica y legal en la gestión de los recursos hídricos, un tema de suma importancia para las regiones afectadas por los trasvases y las políticas de distribución del agua en España.
