El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al anteproyecto de Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con miras a su aprobación final en las Cortes de Castilla-La Mancha en octubre de 2024, según información facilitada por Esther Padilla, portavoz del Gobierno regional.
Durante una comparecencia de prensa llevada a cabo este miércoles, Padilla detalló que los consejos sociales universitarios reúnen a integrantes que representan asociaciones sociales de la autonomía y a componentes de la comunidad universitaria. Estos consejos se rigen, hasta ahora, por la ley vigente desde 2003 sobre el Consejo Social Universitario de la región.
La nueva estructura legislativa incluirá una serie de innovaciones que han sido fruto del acuerdo con representantes del Consejo Social y de la UCLM. Uno de los cambios presentados afecta a la designación de sus miembros. Si anteriormente era el Consejo de Gobierno quien sugería a los representantes, la renovada propuesta será que las nombres sean propuestos por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes directamente a las Cortes regionales para su ratificación.
Además, la iniciativa se adapta a las nuevas demandas establecidas por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Entre las modificaciones presentadas, destacan que el Consejo Social tenga que elaborar un plan estratégico trienal para asegurar su operatividad, su conexión con la sociedad y fortalecer acciones de financiación y vínculos con los estudiantes.
En lo concerniente a la obtención de recursos externos, la captación de fondos mediante acuerdos o colaboraciones con empresas pretende intensificar el respaldo financiero para la investigación de la universidad.
Asimismo, se contempla un incremento en la cantidad de miembros del Consejo Social, de 19 a 21, incluyendo nuevos puestos enfocados en la inclusión y la economía social. Este reajuste normativo también implementa una perspectiva de género, buscando un equilibrio entre hombres y mujeres en el Consejo Social y poniendo especial interés en el uso de un lenguaje inclusivo en su documentación.
La transparencia del organismo se verá también fortalecida, con una mayor rendición de cuentas y un control interno directo hacia el Consejo Social por parte de la universidad.
Padilla ha enfatizado que con esta normativa se busca ampliar la influencia de la comunidad universitaria castellano-manchega y estrechar vínculos con los grupos en representación de los sectores sociales de la autonomía. Ha concluido resaltando el papel pionero de Castilla-La Mancha en la instauración de estas medidas en los consejos sociales universitarios, a la vez que destaca su compromiso con la participación, la transparencia y la democratización de estas entidades.
