La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha salido al paso de las críticas del colectivo ‘Ágora Feminista’ de Albacete y de Amnistía Internacional, quienes han denunciado la falta de acción del Ejecutivo en garantizar el acceso al aborto en los hospitales públicos de la región. Padilla ha defendido las medidas que se han implementado para asegurar el derecho al aborto en Castilla-La Mancha.
En una rueda de prensa celebrada este martes, la portavoz del Gobierno regional destacó la reciente aprobación de un acuerdo que establece la creación de registros profesionales de objetores de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo. Según Padilla, la objeción de conciencia es un derecho individual que está reconocido por la ley, y enfatizó que no se puede exigir a los profesionales sanitarios que realicen procedimientos que vayan en contra de sus convicciones personales.
Padilla también afirmó que, aunque el acceso al aborto en hospitales públicos no esté garantizado, el Gobierno regional seguirá facilitando este derecho a través de clínicas concertadas, asegurando que las mujeres que lo necesiten puedan acceder al servicio de manera gratuita. La consejera reiteró la importancia de proteger tanto el derecho al aborto de las mujeres como la objeción de conciencia de los profesionales, defendiendo que ambos son derechos legítimos que deben ser respetados.
