El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su necesidad de obtener «claridad» por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación a los plazos para la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, las cuales aún están pendientes de aprobación. La urgencia de esta situación es evidente, ya que, según la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, «ya van con retraso», y recalcó que no es suficiente con una promesa de que se darán a conocer este año. Destacó que estas nuevas normativas son esenciales para garantizar los caudales ecológicos del Tajo y para el desarrollo sostenible de las áreas bajo su influencia en la región.
Muro expresó sus preocupaciones durante la inauguración de las ‘I Jornadas de Sostenibilidad y Medio Ambiente’ en Talavera de la Reina, organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La directora subrayó la relevancia de una gestión hídrica sostenible, no solo para la conservación de los ecosistemas actuales, sino también pensando en las generaciones futuras.
En su intervención, Muro hizo hincapié en la situación de otras comunidades, como Murcia y Levante, que esperan alcanzar el Nivel 1 de trasvase, lo que les permitiría un incremento significativo de los trasvases mensuales, mientras que en Castilla-La Mancha se requiere un modelo que garantice una gestión justa del agua. Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han experimentado un aumento de 67,3 hectómetros cúbicos, alcanzando el 53,69 por ciento de su capacidad. No obstante, Muro advirtió de la necesidad de ser prudentes, ya que, a pesar de la mejora, la situación no se puede considerar normal para una gestión adecuada del recurso hídrico.
Desde octubre de 2013, el trasvase ha experimentado 69 meses en Nivel 3 y diez meses en Nivel 4. En el resto del tiempo, 58 meses, el sistema ha estado en Nivel 2, lo que ha permitido envíos automáticos de agua que, tras las intervenciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y varias sentencias judiciales, se sitúan en 27 hectómetros cúbicos mensuales, en lugar de los 38 establecidos anteriormente.
