Gobierno de C-LM Asegura Que No Hay «Ruido» Con Entidades Sociales Gracias a Un Acuerdo Sólido y Eficaz Establecido

Gobierno C-LM niega que exista "ruido" en la calle con las entidades sociales porque "hay un acuerdo"

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha rechazado la existencia de «ruido» en la calle alrededor de las entidades sociales de la región, afirmando que hay «un acuerdo» consolidado con ellas. Durante un debate general en las Cortes sobre la atención a personas con discapacidad, García Torijano aseguró que la administración regional tiene clara su dirección y su compromiso con los colectivos más vulnerables, lo que incluye un aumento en los presupuestos y en la plantilla de profesionales dedicados a este sector.

La consejera anunció la contratación de 3.152 nuevos profesionales para la gestión de resoluciones de discapacidad del año 2025, destacando la importancia de crear un sistema que apoye de manera efectiva a las entidades y colectivos implicados.

El debate también incluyó críticas de los diferentes grupos parlamentarios. El diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, manifestó que los recursos destinados a servicios sociales son insuficientes y que el tiempo de espera para el reconocimiento de la discapacidad revela una «gestión ineficaz». Además, propuso medidas para aumentar la transparencia y priorizar la atención a las familias castellanomanchegas.

Desde el Partido Popular, el diputado José Antonio Martín-Buro advirtió que el modelo de financiación por subvenciones está en «grave peligro», sugiriendo que esta situación podría llevar al cierre de entidades que ofrecen servicios a personas con discapacidad. Propuso la creación de un plan urgente que garantice la sostenibilidad de estas entidades ante los incrementos salariales y el aumento del costo de vida.

Por su parte, el diputado socialista José Antonio Contreras defendió que el Gobierno está comprometido con mejorar el modelo de atención a personas con discapacidad, destacando la inversión de 4,6 millones de euros y la colaboración con las entidades del Tercer Sector para atender las necesidades del colectivo con la mayor calidad posible. La resolución presentada por el PSOE fue aprobada, mientras que las propuestas de Vox y PP fueron rechazadas.

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