El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha criticado el «cupo catalán», refiriéndose a la financiación singular para Cataluña acordada entre el Gobierno español y la Generalitat. En un encuentro con los medios de comunicación en el Palacio de Fuensalida, Ruiz Molina describió este acuerdo como un «trampatojo ambiguo e injusto» y subrayó la urgencia de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en los próximos días, en lugar de esperar hasta después del verano.
Durante la rueda de prensa, el consejero se pronunció sobre la reciente reunión bilateral entre el Estado y la Generalitat llevada a cabo en Barcelona, lamentando que el documento resultante del encuentro intenta «engañar» al resto de las comunidades autónomas. Según Ruiz Molina, este documento refleja que la financiación singular para Cataluña es, en esencia, un «cupo catalán», similar a los modelos existentes en el País Vasco y Navarra, aunque con ciertas diferencias.
El consejero explicó que, según el acuerdo, Cataluña recaudaría todos los impuestos generados en su territorio y pagaría al Estado en función de las competencias que este ejerce en Cataluña. Ruiz Molina advirtió sobre la complejidad del actual sistema de financiación autonómica y cuestionó cómo se podría determinar los gastos que el Estado asume en cada comunidad autónoma.
Además, criticó que una reunión en la que solo participa Cataluña esté definiendo el sistema de financiación para el resto de comunidades autónomas del régimen común. Argumentó que si el modelo presentado es verdaderamente beneficioso, debería incluir la participación de todas las comunidades autónomas.
Ruiz Molina también expresó su preferencia por participar activamente en el proceso de negociación en lugar de aceptar un «plato precocinado». Se mostró escéptico sobre la posibilidad de que todos los territorios adopten el modelo previsto en el documento, alertando que eso podría eliminar el papel del Estado en la redistribución de la riqueza y en la cohesión territorial.
En su intervención, enfatizó que aceptar un modelo que favorezca a algunas comunidades por encima de otras contribuiría a una división en “dos velocidades”, donde las comunidades más ricas tendrían acceso a mejores servicios públicos. En contraste, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, se sostiene que es fundamental garantizar igualdad en el acceso a servicios públicos, independientemente de la situación económica de cada ciudadano o la comunidad en la que resida.
Ruiz Molina concluyó rechazando cualquier acuerdo que considere que aquellos que tienen más deben recibir mejores servicios públicos, advirtiendo que el verdadero objetivo de los independentistas no es una distribución equitativa de recursos, sino obtener más que las demás comunidades. Por todo ello, el consejero considera prioritario discutir el principio de ordinalidad en el CPFF, alertando que un acuerdo de este tipo podría comprometer la unidad y la cohesión del Estado español.
