La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha remitido una carta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que le pide «la inmediata revisión», por la vía de urgencia, de la de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
El objetivo, según argumenta la consejera castellanomanchega, es «evitar la rebaja de penas para los agresores sexuales y para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes y como mínimo, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación».
La misiva, con fecha 7 de enero, y recogida por Europa Press, informa a la ministra de que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron, el pasado 21 de diciembre, por unanimidad de los tres grupos parlamentarios en ellas representadas (PSOE, PP y Ciudadanos), una resolución mediante la que se instaba al Ejecutivo regional para que, a su vez, instase al Gobierno de España «a la inmediata revisión» de la de la ley del ‘solo sí es sí’.
Según asegura Blanca Fernández, «la unanimidad en la lucha contra la violencia de género y la violencia sexual siempre ha caracterizado a estas Cortes, por lo que le damos mucha importancia a dicha reclamación ya que se hace eco de un clamor popular que ve con estupor cómo, desde la entrada en vigor de la citada ley hasta final de año, se han producido más de 120 revisiones de condenas a la baja, además de la excarcelación de un total de 17 condenados».
«Creemos que estas son razones más que suficientes para introducir los cambios que sean necesarios y evitar en el futuro esta sangría de revisiones que provoca desazón en las víctimas e indignación entre la ciudadanía», continúa la consejera de Castilla-La Mancha.
Dicho esto, asegura ser conscientes de que la ley es «mucho más que las penas que contiene y de que, en términos generales, es un buen instrumento que permite por primera vez afrontar la violencia sexual, la atención a las víctimas y su resarcimiento, de una manera integral». Asimismo, considera «un acierto haber puesto el consentimiento en el centro de todo», pero lo cierto –declara Fernández, es que «no compartimos las rebajas de penas que se están produciendo ni las que se puedan producir en el futuro».
A su modo de ver, «aquí lo importante no es ganar la batalla del relato sobre quien tiene la culpa –si el Ministerio de Igualdad o la judicatura–, se trata de resolver un problema que angustia a las víctimas y que no puede dejarnos en la indiferencia». Y la capacidad para resolver dicho problema la tiene su Ministerio, aclara.
Por tanto, «desde la mayor lealtad y honestidad», no solo ha instado a Montero a modificar la norma como consecuencia del acuerdo unánime que se ha producido en el seno de las Cortes de Castilla-La Mancha, sino también desde la «más profunda convicción de que ningún agresor sexual se debe ver beneficiado, ni siquiera mínimamente en el presente o en el futuro, por una norma que pretendía todo lo contrario».
Finalmente, afirma ser consciente de los «enormes esfuerzos» del Gobierno de España para reforzar permanentemente la lucha contra las distintas formas y manifestaciones de la violencia machista», y pide no permitir que este trabajo se vea en cuestión «por un enroque político», porque «no debemos olvidar que lo importante, aquí y ahora, son las víctimas presentes y futuras», concluye la carta.
