Un grupo de gobernadores de derecha se congregó en Río de Janeiro para expresar su respaldo al gobernador local, Cláudio Castro, tras una operación policial que dejó más de 120 muertos en dos favelas del norte de la ciudad. En su defensa del operativo, Castro destacó la necesidad de recuperar territorios controlados por el crimen y frenar la proliferación de armas, aludiendo a la ineficacia de tales armamentos en ciudades europeas como París o Londres. Esta postura fue respaldada por otros gobernadores, como Tarcísio de Freitas, quien aplaudió la gestión de Río en un contexto de creciente violencia.
Los líderes estatales no solo elogiaron el operativo, sino que también criticaron al gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva, acusándolo de desatender la seguridad pública en favor de compromisos internacionales. En este marco, se señaló la diferencia en el manejo del crimen organizado entre administraciones de derecha y las del Partido de los Trabajadores, insinuando un fracaso en las estrategias de los gobiernos progresistas. Este enfoque divisivo busca consolidar una imagen de seriedad y orden en contraste con lo que consideran permissividad hacia la criminalidad.
En un intento por fortalecer la colaboración entre estados, se propuso la creación del «Consorcio de la Paz», un esfuerzo para compartir recursos y estrategias en la lucha contra el crimen. Castro manifestó que la meta es unir a los 27 estados de Brasil para enfrentar juntos la violencia y restablecer la seguridad. Sin embargo, el balance de la carnicería y las críticas a la seguridad continuarán marcando una agenda tensa en el país.
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