Los técnicos del Ministerio de Hacienda, conocidos como Gestha, han recomendado la creación de agencias antifraude en varias comunidades autónomas de España, entre las que se encuentran Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y País Vasco. Estas entidades tendrían la responsabilidad de llevar a cabo funciones de investigación en materia de fraude, y se les dotaría de personal y recursos suficientes para cumplir con esta tarea. Asimismo, solicitaron que se atribuyan funciones de investigación e inspección de denuncias a las unidades del Consello de Contas de la Comunidad de Galicia y a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
En un contexto similar, los técnicos han subrayado la necesidad de recuperar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, la cual fue disuelta por el Parlamento Balear en marzo de 2024. Además, han propuesto la creación de oficinas antifraude en municipios con más de 200.000 habitantes, emulando las ya establecidas en Madrid y Barcelona. Estas nuevas oficinas se establecerían para la supervisión de la contratación local de diversas ciudades, incluidas València, Zaragoza, Sevilla y Málaga, entre otras.
Gestha ha instado a fomentar una coordinación más efectiva entre los órganos de control de gasto de distintas administraciones y el Tribunal de Cuentas, en un esfuerzo por minimizar las prácticas ilícitas en la contratación pública. Con la denuncia de un aumento del 18% en los casos de fraude, los técnicos han elaborado un conjunto de 25 medidas para mitigar riesgos de corrupción en este ámbito.
Una de las recomendaciones destaca la necesidad de clarificar las funciones y responsabilidades en los puestos de trabajo dentro de la Intervención General del Estado y de potenciar los procedimientos de investigación de irregularidades. Asimismo, han llamado a incrementar las plantillas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Agencia Tributaria y otras entidades fiscales locales para adecuarlas a la media de países europeos, resaltando la carencia de personal cualificado en estos departamentos.
Los técnicos también han solicitado un aumento del personal investigador en las agencias antifraude de comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, y han señalado la importancia de abordar la crisis en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana.
Desde un punto de vista preventivo, Gestha ha propuesto la creación de una Estrategia Nacional de Antifraude y un sistema de alertas rápidas para identificar y analizar casos de corrupción en las diversas administraciones. Además, han enfatizado la necesidad de un mayor compromiso con las leyes de Transparencia, sugiriendo restricciones en la denegación de información y la publicación de listas anuales de condenados por corrupción.
Finalmente, gestiona la implementación de modificaciones legales en la normativa sobre financiación de partidos políticos y en el régimen de información patrimonial de los representantes públicos, con el fin de establecer sanciones por incumplimientos y desconcentrar el poder de decisión en la contratación pública.
