El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo en la mejora de la intervención social y los procesos de acompañamiento centrados en la persona, según ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la clausura de las VI Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión Social. Este evento, que se llevó a cabo en Manzanares los días 2 y 3 de octubre, ha reunido a más de 250 profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
En su intervención, García Torijano ha expresado su agradecimiento a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP), a la dirección general de Acción Social del Gobierno regional y al Comité Científico de las Jornadas, elogiando la organización, el programa y el alto nivel de las ponencias que han caracterizado el evento. También asistieron a la clausura el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y la teniente alcalde y concejal de Servicios Sociales del municipio, Prado Zuñiga.
La consejera ha señalado que el objetivo de las jornadas ha sido crear un espacio de encuentro y reflexión entre los profesionales de los Servicios Sociales y del Tercer Sector Social, con la intención de compartir experiencias y abordar los desafíos de una sociedad en constante cambio. Esta colaboración tiene como finalidad enriquecer tanto a los profesionales como las propuestas del Gobierno para brindar un mejor apoyo a la ciudadanía.
En esta edición, las jornadas se han centrado en nuevos procesos de intervención social y un enfoque relacional colaborativo, que prioriza a la persona en el centro del proceso, empoderándola y proporcionándole el acompañamiento necesario para encontrar soluciones a su situación.
García Torijano también ha destacado la instauración del Marco Único de Concertación en 2016, que ha permitido un crecimiento en la red de profesionales de Servicios Sociales, que ha pasado de 613 a 820 en la actualidad. Asimismo, ha resaltado la importancia de seguir fortaleciendo esta red, bajo un incremento presupuestario que ha pasado de 60 millones de euros a 98 millones en los últimos ocho años para los Servicios Sociales de Atención Primaria. La consejera ha reconocido que, aunque el presupuesto puede ser considerado insuficiente, es esencial continuar trabajando de la mano con todos los profesionales del sector, a quienes ha manifestado un profundo respeto.
