El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha compartido en redes sociales un mensaje destacando el impacto positivo de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural. Esta legislación está diseñada para ofrecer incentivos fiscales preferenciales a las zonas más afectadas por la despoblación, un fenómeno que el Gobierno regional se ha comprometido a abordar con seriedad y prioridad.
García-Page rememora la firma del Pacto contra la Despoblación, que tuvo lugar en Brihuega, Guadalajara, hace cuatro años. Este documento sentó las bases para una ley que, según indica el presidente, representa una estrategia con resultados tangibles que superaron las expectativas iniciales. El impacto se ha visto reflejado en la población, los registros de empadronamiento, los proyectos de inversión y la consolidación de servicios públicos.
Esta ley regional, lamentablemente aún única en España según el presidente, contribuye a proteger los servicios públicos en el medio rural, asegurando la igualdad de acceso para todos los ciudadanos, independientemente de si viven en zonas urbanas o rurales. La normativa ha marcado un punto de inflexión en las acciones contra la despoblación.
Entre las medidas implementadas, se encuentran mejoras en la educación con actuaciones en centros y escuelas rurales, así como en la sanidad con atención y accesibilidad garantizadas gracias a centros de salud y farmacias en áreas de riesgo. La aplicación de una fiscalidad diferenciada es otro logro destacado, beneficiando a 81.929 personas en la última campaña de la renta, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el año anterior.
Con el apoyo a emprendedores, se han otorgado 1.400 ayudas para el inicio de actividades en zonas despobladas, por un monto total de 1.257.300 euros. Además, desde la vigencia de la ley, Castilla-La Mancha ha experimentado un saldo migratorio positivo con 42.492 personas trasladándose a la región, y 11.368 eligiendo las áreas en riesgo de despoblación como nuevos hogares.
García-Page concluye subrayando la necesidad de una política estructural y a largo plazo para hacer frente a este reto demográfico, reafirmando que se está en el camino correcto para garantizar el desarrollo y la equidad en el acceso a servicios en el medio rural.
