García-Page apuesta por la compatibilidad de objetivos ambientales y agrarios en su contribución al Comité de las Regiones en Bruselas

En un compromiso por armonizar los intereses agrarios y ambientales, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, declaró en Toledo, el 22 de febrero de 2024, su intención de llevar esta preocupación al Comité de las Regiones en Bruselas. Durante la firma de un nuevo protocolo con las entidades financieras de la región, explicó la importancia de conjugar las necesidades de agricultores y ganaderos con la sostenibilidad ambiental.

Este protocolo, que renueva y mejora los préstamos del anterior firmado en 2019, está destinado a favorecer la liquidez de los sectores primarios más afectados, con una dotación de 120 millones de euros, que podrían expandirse hasta los 200 millones de euros para mejorar las explotaciones. El acto se desarrolló en el Salón de Tapices del Palacio de Fuensalida, contando con la presencia de altos representantes del sector financiero, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, y el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero.

García-Page hizo énfasis en el orgullo regional por el sector primario y defendió una gobernanza colaborativa sin frentismos. Remarcó el crecimiento de la renta agraria en la región en los últimos 20 años, aunque lamentó los conflictos de intereses surgidos entre la agricultura y la protección del medio ambiente. Subrayó que el campo es más una víctima que un culpable en la problemática ambiental y abogó por prevenir el cambio climático sin asignar culpas.

Además, el presidente regional destacó la relevancia del agua para la agricultura de Castilla-La Mancha, asegurando el compromiso de su gobierno con la sostenibilidad y la búsqueda de un equilibrio entre los diferentes intereses para el acierto y viabilidad del sector.

Con estas medidas y discursos, Castilla-La Mancha se posiciona como una comunidad que busca mantener su herencia agrícola al tiempo que cumple con los nuevos requerimientos ambientales. La administración regional se muestra convencida de que es posible lograr un desarrollo sostenible sin perjudicar las bases de la economía local.

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