García-Page aplaude la llamada del Gobierno a la "serenidad" y al cumplimiento de la ley y la Constitución

García-Page aplaude la llamada del Gobierno a la "serenidad" y al cumplimiento de la ley y la Constitución

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aplaudido este martes la llamada del Gobierno a la «serenidad» y al cumplimiento de la ley y la Constitución tras la decisión que adoptó este lunes el Tribunal Constitucional de paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados.

«Aunque haya un clima de confusión general, no hay que olvidar que el origen de todo esto es que una minoría parlamentaria impone un bloqueo en las decisiones de la mayoría», asegura García-Page desde su cuenta de Twitter.

Así ha reaccionado García-Page después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya señalado que el Gobierno acata la decisión que adoptó este lunes el Tribunal Constitucional de paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados, pero ha anunciado que su Ejecutivo adoptará «cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del CGPJ y del TC» y para que sea respetada la voluntad popular.

Según ha precisado el presidente del Gobierno, que ha considerado que la decisión no tiene precedentes y ha culpado al PP de la situación, «en momentos de incertidumbre se precisa serenidad y firmeza» para lograr el estricto cumplimiento de la ley y para hacer prevalecer la voluntad popular expresada en las urnas.

Anoche el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) paralizaba la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos en el Parlamento con el fin de cambiar, por una vía acelerada, el sistema de elección de los candidatos al Tribunal Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial. El TC admitía así el recurso del PP contra las dos enmiendas que lo hacían posible.

La decisión fue adoptada por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista), la misma mayoría con la que no aceptaron las recusaciones lanzadas por los partidos del Gobierno contra dos magistrados, esgrimiendo una cuestión técnica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida.

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