El 20 de enero de 2025, el presidente de los Estados Unidos emitió una proclamación histórica que declara la situación en la frontera sur como una «invasión» bajo el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución. Este anuncio marca un cambio significativo en la política migratoria, citando amenazas a la seguridad pública, la salud y la soberanía nacional debido al número creciente de cruces ilegales.
Contexto de la Proclamación
La proclamación destaca que en los últimos cuatro años más de 8 millones de personas cruzaron la frontera sur de manera ilegal. Además, el documento subraya las deficiencias en el sistema de control migratorio, que se ve abrumado por la falta de capacidad para verificar antecedentes criminales, riesgos de seguridad nacional y problemas de salud pública. La situación, según el presidente, constituye un incumplimiento de la obligación federal de proteger a los estados contra la invasión.
Nuevas Medidas bajo la Proclamación
El presidente ha invocado poderes extraordinarios bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Constitución para implementar las siguientes acciones:
- Suspensión de Entrada de Migrantes: La entrada física de personas que cruzan la frontera sur de manera irregular queda suspendida hasta que se declare el fin de la «invasión».
- Restricciones por Motivos de Seguridad: Aquellos que no puedan proporcionar información confiable sobre antecedentes médicos y criminales serán rechazados.
- Expulsión Inmediata: Se ordena la repatriación o eliminación rápida de personas que hayan ingresado al país tras la fecha de la proclamación.
- Fortalecimiento Operativo: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, liderará las acciones para controlar la frontera.
Impacto en la Seguridad y Gobernanza
El documento cita riesgos específicos derivados del control territorial de cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales al otro lado de la frontera. Además, señala que la entrada de personas sin controles adecuados de salud podría tener implicaciones serias para la salud pública.
El costo financiero también es un tema central: los estados han gastado miles de millones en atención médica, servicios humanos y seguridad vinculada a los migrantes no autorizados.
Reacciones y Debate
Esta proclamación ha generado un debate considerable. Los defensores argumentan que estas medidas son esenciales para proteger la soberanía y garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, críticos advierten que las medidas podrían ser vistas como excesivas, especialmente si afectan el acceso al asilo o contravienen compromisos internacionales.
Además, organismos de derechos humanos han expresado preocupación sobre cómo estas políticas podrían impactar a las personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen.
El Papel del Poder Ejecutivo
La proclamación refuerza la autoridad del presidente para tomar medidas unilaterales en circunstancias de emergencia. Según la INA, el presidente tiene el poder de suspender la entrada de cualquier clase de personas cuya admisión considere perjudicial para los intereses de los Estados Unidos.
En palabras del presidente, estas acciones buscan garantizar que la nación recupere el control operacional de sus fronteras, cumpliendo así con la promesa constitucional de proteger a los estados.
¿Qué sigue?
Esta proclamación establece un precedente para futuras políticas relacionadas con el control fronterizo y la inmigración. Sin embargo, queda por verse cómo se implementarán estas medidas y cómo responderán los tribunales, especialmente considerando las complejidades legales y éticas involucradas.
Este anuncio subraya el desafío continuo de equilibrar la seguridad nacional, las obligaciones humanitarias y los valores democráticos en un entorno global cada vez más interconectado.
vía: Whitehouse
