En un contexto de creciente preocupación por las demandas judiciales desmesuradas, el Gobierno de Estados Unidos ha emitido una nueva directriz para asegurar la adecuada aplicación de la Regla Federal de Procedimiento Civil 65(c). Este desarrollo busca frenar lo que se ha descrito como una «toma anti-democrática» de organizaciones activistas que, respaldadas por importantes aportes financieros, han logrado obtener diversas órdenes judiciales que sobrepasan el alcance establecido por las leyes.
La administración ha argumentado que estas organizaciones, a menudo acusadas de llevar a cabo procedimientos de «forum-shopping», presentan demandas sin mérito en un esfuerzo por recaudar fondos y hacer ruido político. Este fenómeno no solo distorsiona el proceso democrático, sino que también derivó en que los contribuyentes deban cubrir los costos asociados con estas acciones legales, que desvían recursos significativos del Departamento de Justicia, el principal agente de la ley en el país.
La publicación del memorando señala que la Regla 65(c) exige que las partes que solicitan una orden de restricción o un mandamiento preliminar presenten una garantía económica, destinada a cubrir los costos y daños que puedan resultar si la orden es erróneamente emitida. Según la directriz, se estipula que la política del gobierno será que las partes que busquen una orden contra el gobierno federal deberán asumir la responsabilidad de los costos derivados de una concesión equivocada.
En este sentido, se instruye a los líderes de departamentos y agencias ejecutivas a garantizar que se solicite correctamente a los tribunales federales que exijan a los demandantes la presentación de una fianza que cubra los costos potenciales para el gobierno. El alcance de esta política se aplica a todas las demandas en las que el gobierno es demandado por una orden de este tipo, siempre que se puedan demostrar daños económicos esperados.
El memorando establece varios puntos importantes que las agencias deben incluir al solicitar la garantía bajo la Regla 65(c). Entre estos se destaca la obligación del tribunal de requerir una fianza adecuada, así como la consideración de la cantidad solicitada en función de una evaluación razonada del daño potencial. Además, se subraya que el incumplimiento de esta norma resultará en la negación o disolución del alivio solicitado.
Este esfuerzo del gobierno busca restablecer el equilibrio en un sistema judicial que, según sus críticos, ha permitido que demandas frívolas logren interferir en la formulación de políticas públicas y que se desvíen recursos valiosos en la lucha contra casos sin fundamento. Aunque este memorando enfatiza la importancia de la responsabilidad judicial, también deja en claro que no crea derechos ni beneficios exigibles frente al gobierno o sus agencias.
Fuente: WhiteHouse.gov
