Los responsables de Hacienda de Galicia, Castilla-La Mancha y Valencia han instado al Gobierno central a llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica, manifestando la necesidad urgente de actualizar un modelo que consideran «caduco». Esta solicitud se produjo durante unas jornadas sobre financiación autonómica organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde), que se celebraron en la Universidade de Santiago de Compostela.
El conselleiro de Facenda de Galicia, Miguel Corgos, subrayó la importancia de que el Gobierno central asuma la responsabilidad y busque consensos para reformar un sistema que ha quedado «superado e insuficiente». Corgos enfatizó que un nuevo modelo de financiación debe ser presentado por el Gobierno, en lugar de continuar con discusiones interminables sobre elementos concretos que dividen a las comunidades. A su juicio, todas las comunidades autonómicas están «infrafinanciadas», y la clave es un enfoque multilateral donde se escuchen las necesidades de cada región.
Señaló que otros 14 gobiernos autonómicos comparten esta demanda y que la solución debe originarse desde el Gobierno central para posteriormente ser debatida y acordada en conjunto. Para ello, Corgos sugirió que se debe analizar qué ingresos públicos deben financiar los sistemas autonómicos y cómo distribuirlos equitativamente para garantizar la cobertura de los servicios necesarios.
En respuesta a la propuesta del Gobierno central sobre la asunción de la deuda de las comunidades, el conselleiro afirmó que, para Galicia, la carga de deuda no es un problema significativo, gracias a políticas fiscales responsables implementadas en los últimos años. Sin embargo, advirtió que la mutualización de la deuda podría desviar la atención de los problemas autonómicos pendientes, perjudicando a todas las comunidades.
Corgos también resaltó la necesidad de contar con un mapa de servicios que permita calcular adecuadamente el coste de la prestación de servicios en cada territorio, haciendo hincapié en que el actual sistema no cumple con los recursos prometidos desde 2009. Además, apuntó que el 26,6% de la población en Galicia tiene más de 65 años, lo que, combinado con la dispersión geográfica, resulta en un déficit de recursos de aproximadamente 500 millones de euros anuales.
Desde Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina coincidió en que el modelo actual está obsoleto y criticó la falta de interés del Gobierno central para renovarlo por más de diez años, independientemente de quien esté en el poder. Ruiz Molina destacó que la comunidad ha tenido que realizar un «sobreesfuerzo» para ofrecer servicios esenciales, lo que ha llevado a un alto nivel de endeudamiento.
Por su parte, la consejera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, se unió a las reclamaciones, argumentando que la reforma del modelo de financiación es una cuestión de «voluntad política». Merino subrayó que más de cinco millones de valencianos han estado perjudicados por un sistema que es «insuficiente e injusto», llevando a la región a incurrir en un déficit y una deuda insostenible. También criticó la incertidumbre sobre la liquidez del Fondo de Liquidez Autonómica, que aún no había sido confirmada para su comunidad.
Todo ello refleja una creciente presión por parte de varias comunidades autónomas para que se inicie un diálogo serio y constructivo que conduzca a una reforma necesaria y urgente del sistema de financiación autonómica en España.
