La Junta de Personal Funcionario de la Administración autonómica ha llevado a cabo protestas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha en rechazo a la tramitación de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa. Los manifestantes consideran esta norma como «una de las privatizaciones más gordas» en la historia de la Comunidad Autónoma, superando incluso a las acciones emprendidas por la ex presidenta María Dolores de Cospedal.
En Toledo, un significativo número de empleados públicos, convocados por los sindicatos presentes en la Junta –UGT, CCOO, STAS y CSIF–, se concentró frente a la sede de la Vicepresidencia de la Junta. Los manifestantes, a través de cánticos como «Page y Cospedal privatizan por igual» y «No es simplificación, es privatización», exigieron una mayor contratación de personal público, que, a su juicio, facilitaría la agilidad en los trámites administrativos que realizan los ciudadanos.
Victoria Ortiz, representante de CSIF en la Junta de Personal de Toledo, subrayó que esta ley representa «una forma encubierta de ir privatizando servicios». Según Ortiz, los trámites que antes realizaban funcionarios públicos, con un alto nivel de formación y un compromiso de secreto profesional, serán ahora ejecutados por entidades privadas. Esto, advirtió, podría conllevar una pérdida de empleo público considerable.
Aunque Ortiz no pudo proporcionar cifras exactas sobre la posible pérdida de empleo, resaltó la magnitud de la ley, que impactaría en áreas como el patrimonio, el desarrollo rural, el bienestar social y la sanidad. A pesar de los intentos de diálogo con el Gobierno regional, indicó que la comunicación con los sindicatos se ha limitado, sin que se hayan llevado a cabo reuniones grupales adecuadas.
Juan Bautista González, representante de CCOO, criticó la negativa del Gobierno a incorporar propuestas de los sindicatos para modificar el texto legislativo, asegurando que se ha despreciado un número significativo de sugerencias destinadas a mitigar el impacto negativo de la ley. González argumentó que el Ejecutivo está intentando apresurar la aprobación de la ley, utilizando como excusa la llegada de fondos europeos y del Estado para justificar que la privatización podría mejorar los servicios públicos.
Gustavo Fabra, del sindicato STAS, calificó la situación como «muy desalentadora», instando a no subestimar el impacto que esta reforma podría tener en el sector público. Fabra subrayó que la ley permitiría a las empresas privadas gestionar ámbitos que tradicionalmente competen al Gobierno, incluyendo el manejo de información crítica en áreas como la infancia o el medio ambiente.
Asimismo, hizo referencia a la propuesta del Gobierno de condonar deudas a Castilla-La Mancha y sugirió que esto debería traducirse en nuevas contrataciones de personal, en lugar de recurrir a la privatización. Fabra advirtió que la falta de personal contribuye a un colapso en la tramitación administrativa, lo que justificaría la entrada de empresas privadas en el sector.
Por su parte, Rafael López de UGT denunció que la nueva legislación establecerá una división entre ciudadanos de «primera y segunda», dependiendo de su capacidad para pagar por una agilización de servicios. López también expresó su preocupación por la posible exposición de datos sensibles a empresas privadas, que no están sujetas a las mismas garantías de confidencialidad que los funcionarios públicos.
A través de las manifestaciones, la Junta de Personal ha instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a reconsiderar sus decisiones y abrir un proceso de diálogo real con todas las partes involucradas, enfatizando la importancia de escuchar las propuestas de los sindicatos. Sin embargo, los representantes han señalado que hasta el momento no han encontrado disposición por parte del Ejecutivo para entablar una comunicación efectiva.
