El modelo de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, que ha prometido reducir la criminalidad de manera drástica, ha comenzado a inspirar a otros líderes en América Latina. Recientemente, el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, han adoptado este enfoque, proponiendo la construcción de megacárceles y reformas agresivas para controlar el crimen. Sin embargo, la situación en Perú presenta un contexto mucho más complicado, debido a su tamaño y la complejidad de las organizaciones criminales que operan en el país, que incluyen redes transnacionales mucho más sofisticadas que las pandillas que predominan en El Salvador.
La inseguridad en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, con cifras de homicidios en aumento y un alto porcentaje de la población reportando ser víctima de delitos. Fujimori ha prometido construir cárceles y fortalecer las fronteras para combatir esta oleada de violencia, pero muchos expertos advierten que las estrategias que han fallado en el pasado podrían no tener el efecto deseado. La historia reciente muestra que Perú ha estado bajo estados de emergencia, con esfuerzos similares que no han logrado revertir el crecimiento de la criminalidad, lo que sugiere que las soluciones deben adaptarse a las realidades específicas del país.
A medida que Perú se prepara para implementar estas medidas, la población vive en una constante sensación de inseguridad y desesperanza. La falta de control del Estado en regiones clave, como Madre de Dios, ha permitido que el crimen organizado florezca, convirtiéndose en la única fuente de estabilidad para muchos. Sin una alternativa viable que ofrezca beneficios a la comunidad, la efectividad de las propuestas de Fujimori podría ser cuestionable, y las lecciones de otros países deben ser aplicadas con cautela para evitar caer en el autoritarismo y prácticas que comprometan el estado de derecho.
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