En un revés sin precedentes para las autoridades de Corea del Sur, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) anunció la cancelación de la operación destinada a arrestar al presidente Yoon Suk-yeol para ser interrogado. La causa detrás de la medida judicial radica en su controversial decisión de imponer la ley marcial en diciembre, tras episodios de obstrucción por parte de su servicio de seguridad, según se informó.
La tensión escaló alrededor de las 13:30 hora local, cuando un equipo combinado de 30 agentes del CIO y 50 efectivos policiales tuvo un enfrentamiento de varias horas con el equipo de seguridad presidencial. Este último se resistió vehementemente a permitir el acceso a la residencia del mandatario en Seúl, bloqueando efectivamente la ejecución de la orden de arresto.
«Nos encontramos ante un punto muerto persistente que hacía prácticamente imposible llevar a cabo la orden, y nos preocupaba profundamente la seguridad de todas las personas involucradas,» explicó el portavoz del CIO. Esto llevó a la entidad a replantear su estrategia, mientras expresaban su profunda decepción por la negativa del presidente a cumplir con los procedimientos legales.
Esta cancelación siguió a un primer intento fallido de penetrar el perímetro de seguridad del complejo presidencial, donde el servicio de seguridad del presidente rechazó reconocer las órdenes judiciales emitidas previamente. Dichas órdenes habían sido obtenidas tras la omisión del presidente Yoon a tres citaciones para declarar sobre su decisión de decretar ley marcial el pasado 3 de diciembre.
La escena fue testigo de un marcado apoyo popular hacia Yoon, con aproximadamente 1.200 seguidores congregados cerca de su residencia celebrando la suspensión de la operación. Se requirieron alrededor de 2.700 agentes para mantener el orden dado el elevado número de manifestantes y la tensión predominante en las inmediaciones de la residencia presidencial.
En un giro legal, los abogados de Yoon han solicitado la anulación de la orden de arresto, alegando su ilegitimidad y subrayando que solo la Fiscalía está facultada para solicitar tal medida. Mientras tanto, el futuro político de Yoon Suk-yeol pende de un hilo, ya que tras ser destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, queda en manos del Tribunal Constitucional decidir su destino final en el cargo para junio.
Este episodio marca un capítulo turbulento en la historia política de Corea del Sur, evidenciando una profunda división dentro de su estructura gubernamental y una tensión creciente entre el estado de derecho y las acciones ejecutivas del presidente.
