En un reciente pronunciamiento de la Casa Blanca, se anunció una significativa reforma en los periodos de prueba de los empleados del servicio federal, con el objetivo de mejorar la calidad del personal laboral en el gobierno. Esta medida, firmada por el presidente, busca establecer directrices más estrictas para la evaluación de nuevos empleados antes de su conversión a nombramientos permanentes.
Según la orden ejecutiva, los periodos de prueba han sido una herramienta crucial en la identificación de empleados que, por diversas razones, no cumplen con los estándares requeridos para el servicio público. A partir de informes de la Oficina de Rendimiento Gubernamental, se destacó que muchas agencias no habían aprovechado adecuadamente esta fase crítica, lo que ha llevado a la retención de personal con un rendimiento por debajo de las expectativas. Esto contrasta con el deseo de contar con un equipo federal eficiente y dedicado al interés público, como enfatiza el nuevo enfoque del presidente.
Las reformas introducidas exigen que las agencias federales evalúen activamente si la continuación de la relación laboral de un empleado durante su periodo de prueba reporta beneficios al servicio federal. En lugar de la automatización de la conversión a un estatus permanente tras la conclusión de esta fase, como se había practicado anteriormente, ahora se establece que la aprobación activa de la agencia es necesaria. Sin este visto bueno, el empleado verá su nombramiento finalizado.
La directiva también elimina ciertas regulaciones que, según se argumenta, han complicado el proceso de evaluación y terminación de empleados durante el periodo de prueba, creando un entorno en el que los gerentes se muestran reacios a tomar decisiones difíciles. Al instaurar un nuevo reglamento de servicio civil, denominado «Regla XI», se pretende simplificar y hacer más efectiva la gestión de estos periodos de prueba y su evaluación.
Las reformas contemplan un seguimiento más estricto de los empleados en periodo de prueba, con reuniones programadas para evaluar el desempeño y alineación con los objetivos del organismo. Asimismo, se otorgan atribuciones a los jefes de agencia para que certifiquen, antes de la finalización del periodo, que la continuación del empleado es favorable para la administración pública.
Este cambio de políticas es parte de un esfuerzo más amplio para optimizar el funcionamiento del gobierno federal, asegurando una fuerza laboral que no solo cumpla con los requisitos formales, sino que también demuestre un compromiso efectivo hacia una gestión pública de calidad. Los efectos de estas reformas se espera que se implementen en un periodo de 90 días tras su anuncio, lo que permitirá a las agencias prepararse para adaptarse a las nuevas exigencias.
La reforma generará un efecto directo sobre la estructura interna del gobierno federal, resaltando la importancia de un proceso de selección y retención más sólido, que garantice un servicio público de excelencia en beneficio de la ciudadanía. Sin duda, esta iniciativa refleja un enfoque más riguroso sobre la gestión de recursos humanos en el sector público, que busca alinear más estrechamente el rendimiento individual con las expectativas del servicio federal.
Fuente: WhiteHouse.gov
