En un movimiento que busca reforzar la estructura administrativa del gobierno federal y aumentar la responsabilidad de las agencias, el presidente ha emitido una orden ejecutiva que establece medidas para asegurar un control más estricto sobre las agencias reguladoras. Esta decisión se presenta como una respuesta a la creciente preocupación sobre la falta de supervisión presidencial que han experimentado en años recientes estas entidades, las cuales tienen la capacidad de implementar regulaciones significativas sin la debida revisión.
La orden enfatiza que, aunque el presidente es el encargado de ejecutar las leyes de la nación, no puede hacerlo de manera efectiva sin el apoyo de funcionarios subordinados. La falta de supervisión de algunas agencias ha llevado a un ejercicio de autoridad que carece de accountability, tanto ante la Casa Blanca como ante el pueblo estadounidense. Esta es una vulnerabilidad que se ha destacado por administraciones anteriores, donde las agencias reguladoras han operado con un grado importante de autonomía, lo que ha dificultado la unificación y coherencia en la aplicación de las leyes federales.
El nuevo marco establece que todas las agencias ejecutivas, incluidas aquellas consideradas independientes, deben presentar sus acciones regulatorias significativas para revisión a la Oficina de Información y Regulación (OIRA) antes de que cualquier propuesta se publique en el Registro Federal. Esto representa un cambio importante en la dinámica de supervisión y control, asegurando así que el liderazgo del presidente se mantenga activo en todos los niveles del gobierno.
Además de la revisión de regulaciones, la orden estipula que se establece un estándar de rendimiento para los jefes de las agencias independientes. Esto permitirá al director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) supervisar de manera continua el desempeño y la eficiencia de estas entidades, lo que contribuirá a que actúen en alineación con las prioridades del presidente. De igual forma, se crea la figura del enlace de la Casa Blanca dentro de estas agencias para facilitar la comunicación y la coordinación de políticas.
El documento también deja claro que se dará primacía a las opiniones y directrices del presidente y del Fiscal General en la interpretación de las leyes, eliminando la posibilidad de que cualquier empleado del gobierno federal proponga interpretaciones que contradigan estas posiciones sin autorización.
Con esta orden, la administración busca no solo mejorar la rendición de cuentas, sino también garantizar que las decisiones que impactan a la ciudadanía estén alineadas con la visión y objetivos de la administración actual. Aunque se enfatiza la importancia de mantener un gobierno responsable y proactivo, la implementación de estas políticas dependerá de la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados en la máquina administrativa federal.
Fuente: WhiteHouse.gov
