En un movimiento destinado a redefinir el papel del gobierno federal, la administración presidencial ha anunciado un ambicioso plan que busca reducir la carga regulatoria mediante la implementación de la iniciativa «Departamento de Eficiencia del Gobierno». Este esfuerzo se basa en la premisa de que es necesario desmantelar lo que se considera un estado administrativo excesivo y restablecer la separación de poderes consagrada en la Constitución.
La orden ejecutiva firmada por el presidente, dictada el 19 de febrero de 2025, establece como objetivo primordial la focalización de los recursos de la rama ejecutiva en aquellas regulaciones que cuenten con una clara autorización legal. Para cumplir con este propósito, se ordena a los líderes de las agencias federales que revisen todas las regulaciones bajo su jurisdicción, buscando aquellas que puedan ser inconstitucionales o que limiten el interés nacional. Esta revisión debe completarse en un plazo de 60 días y, en el proceso, las agencias deben identificar regulaciones que no solo exceden la autoridad del gobierno federal, sino que también impiden el desarrollo económico y tecnológico.
Un aspecto clave de la nueva política es la promoción de la eficiencia en la gobernanza mediante la priorización de la revisión de regulaciones consideradas «acciones regulatorias significativas». De este modo, se abrirá la puerta a la posibilidad de rescindir o modificar regulaciones que, en la opinión de la administración, no sirven al interés general o imponen cargas injustificables sobre las pequeñas empresas y los emprendedores.
Además, la orden indica que, en la aplicación de estas regulaciones, los recursos de cumplimiento deben ser preservados. Esto implica, entre otras cosas, una reducción en la priorización de acciones de enforcement sobre regulaciones cuya legalidad o aplicación no esté clara o que sobrepasen las competencias constitucionales. Cada agencia, en consulta con la Oficina de Gestión y Presupuesto, tendrá la autoridad de suspender procedimientos que no cumplan con los lineamientos establecidos por la administración.
A pesar de esta iniciativa de desregulación, se enfatiza que las nuevas regulaciones deben seguir un proceso revisado que respete el marco establecido en un orden ejecutivo anterior. Esto sugiere que, aunque la administración busca liberar el mercado de regulaciones consideradas desproporcionadas, aún mantendrá un enfoque estructurado para la presentación de nuevas regulaciones que aborden necesidades contemporáneas.
Sin embargo, la orden no se aplicará a necesarios campos como la seguridad nacional, la gestión interna de empleados del gobierno o cualquier otra área que pueda ser exenta por el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Esto señala una clara división entre la desregulación planificada y la continuación de regulaciones que son consideradas esenciales para el funcionamiento del Estado.
En conclusión, esta iniciativa representa un esfuerzo significativo por parte de la administración para moldear el panorama regulatorio del país, persiguiendo un equilibrio entre el crecimiento económico y la necesaria gobernanza. La estrategia del «Departamento de Eficiencia del Gobierno» enfatiza un enfoque crítico hacia las regulaciones existentes, con el objetivo de impulsar una era de administración pública más ágil y menos restrictiva. La comunidad empresarial y el público general se mantienen atentos ante las posibles repercusiones que estas medidas tendrán en el ámbito económico y social del país.
Fuente: WhiteHouse.gov
