La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión y una multa que supera los 200.000 euros para siete personas acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada a la plantación y venta de cannabis en las localidades de Hellín, así como en las provincias de Murcia y Alicante. Este caso se encuentra programado para ser juzgado el próximo lunes, 12 de mayo, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete.
De acuerdo con la acusación a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al menos al 12 de febrero de 2020, cuando los acusados se reunieron con el objetivo de establecer plantaciones de cannabis con destino a la venta en Hellín y en las mencionadas provincias. Para llevar a cabo su actividad ilícita, utilizaron diversos inmuebles que alquilaron bajo identidades ficticias y que se adaptaron con potentes sistemas de luz, agua, refrigeración y ventilación, los cuales estaban bajo vigilancia constante.
La Policía Nacional llevó a cabo un registro en una nave industrial de Hellín, donde encontraron 1.469 plantas de marihuana cultivadas bajo más de 300 lámparas halógenas, además de 72 ventiladores y 30 sistemas de filtrado. Las conexiones a la red eléctrica estaban realizadas de manera no autorizada, causando un perjuicio a la compañía eléctrica que asciende a más de 65.000 euros.
Además, se descubrieron plantaciones similares y puntos de almacenamiento en varios municipios de Murcia, como La Azacaya, La Seca y Archena, así como en Orihuela, Alicante. En total, las autoridades incautaron más de 6.000 plantas y cerca de 16.000 gramos de marihuana, con un valor estimado en el mercado ilícito que supera los 80.000 euros.
Los acusados, que tienen origen en Francia y Bélgica, se enfrentan a una compleja serie de cargos, que incluyen cinco meses de prisión por pertenencia a grupo criminal, tres años y nueve meses por delitos contra la salud pública, y seis meses de multa por defraudación de suministro eléctrico, con una cuota diaria de 12 euros. Adicionalmente, se les reclama una multa de 150.000 euros y una indemnización a la compañía eléctrica de más de 65.000 euros.
