En un nuevo giro en el panorama político venezolano, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela ha intensificado sus acciones legales contra Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la principal coalición opositora, al citarlo por tercera vez en relación con una investigación por presunto fraude electoral. Esta medida ha escalado las tensiones, con la Fiscalía amenazando con emitir una orden de detención si González Urrutia no comparece este viernes.
González Urrutia, figura central de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se encuentra en una disputa contra las acusaciones del gobierno que lo señalan como participante en supuestos actos fraudulentos durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. La controversia surge de una página web que, según el MP, fue usada por la oposición para publicar resultados electorales que contradecían los anunciados oficialmente, dando a González Urrutia una victoria que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó a Nicolás Maduro. Estas acciones han sido condenadas por el gobierno venezolano, que desestima las actas presentadas por la oposición como «falsas».
El fiscal general, Tarek William Saab, ha subrayado que la jurisprudencia venezolana permite citar a una persona hasta tres veces, y este tercer llamado busca obtener el testimonio de González Urrutia sobre las acusaciones que enfrenta, que incluyen usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. A pesar de los llamados anteriores, la comparecencia del candidato opositor no se ha efectuado, alimentando el discurso de un sistema sin garantías de independencia y debido proceso, según ha manifestado el propio González Urrutia.
A través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia ha expresado su inquietud ante lo que considera una persecución con motivaciones políticas, criticando al fiscal general por lo que describe como una condena anticipada y una citación carente de garantías jurídicas. Esta situación pone de manifiesto la intensificación de las tensiones políticas en Venezuela, en un contexto donde la legitimidad de los resultados electorales ha sido cuestionada no solo internamente, sino también por varios países que respaldan las afirmaciones de victoria de González Urrutia.
La comunidad internacional permanece atenta a la evolución de este conflicto, que se suma a la larga lista de desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta Venezuela. Este nuevo episodio subraya la profunda división en el país y pone en duda la posibilidad de una solución negociada que restablezca la estabilidad política y social en el corto plazo.
