La situación de seguridad en Colombia sigue siendo muy delicada, especialmente en las zonas rurales donde la presencia del Estado es más débil. Uno de los problemas más graves es la presencia de grupos armados disidentes de las FARC, que se dedican a actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Recientemente, se ha denunciado que estos grupos estarían dando carnés de identidad a la población en Caquetá para controlarla.
Esta práctica es extremadamente preocupante, ya que la entrega de carnés de identidad es una competencia exclusiva del Estado. Si grupos armados ilegales están ofreciendo este servicio a la población, significa que están asumiendo funciones que no les corresponden y que están intentando usurpar la autoridad del Estado.
Además, la entrega de carnés de identidad por parte de grupos armados ilegales tiene un claro propósito: controlar a la población. Al tener información detallada sobre los habitantes de una zona, estos grupos pueden identificar a las personas que consideran «peligrosas» o que pueden oponerse a sus actividades ilícitas. De esta manera, pueden intimidar o incluso asesinar a aquellos que se les opongan.
La entrega de carnés de identidad también es una forma de consolidar el control territorial de estos grupos. Al tener información detallada sobre la población, pueden imponer sus propias reglas y hacer que la población dependa de ellos para obtener documentos oficiales. Esto les permite establecer su presencia de manera más sólida y desafiar la autoridad del Estado.
Por todo lo anterior, es fundamental que se investigue esta situación y se tomen medidas para evitar que los grupos armados disidentes de las FARC sigan extendiendo su control territorial. Es necesario que el Estado garantice su presencia en todas las zonas del país y que fortalezca sus instituciones para ofrecer servicios a la población. También es importante que se refuercen las medidas de seguridad para proteger a la población y evitar que estos grupos sigan operando impunemente.
Finalmente, debemos tener claro que el objetivo de estos grupos armados ilegales es mantener el control sobre el territorio y las actividades ilícitas que realizan, y que no les importa la vida ni el bienestar de la población. Por eso, es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad y proteja a la población de estos grupos criminales. No podemos permitir que sigan extendiendo su control territorial y amenazando la seguridad de todos los colombianos.
