El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha anunciado que se reunirá en breve con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Berta Chust, para discutir los problemas relacionados con la siniestralidad laboral en la región. Esta reunión se enmarca dentro de un esfuerzo por canalizar y compartir informaciones sobre este tema que preocupa tanto a la Fiscalía como a las autoridades laborales.
Fernández realizó este adelanto en una rueda de prensa celebrada antes de su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes, donde presentó la Memoria 2024 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma. En su intervención, el Fiscal destacó la relevancia de la siniestralidad laboral, una cuestión que, aunque ha mostrado una leve disminución en 2023 en comparación con años anteriores, sigue siendo alarmante, especialmente en lo que respecta a accidentes laborales con resultado fatal. Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades autónomas con mayores cifras en este ámbito a nivel nacional.
Para abordar esta situación, la Fiscalía ha mantenido un contacto frecuente con las centrales sindicales y la Inspección de Trabajo, con la intención de implementar medidas efectivas que contribuyan a reducir la siniestralidad laboral. Fernández explicó que, siguiendo las directrices de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Fiscalía General del Estado, se organizan reuniones periódicas con los agentes sociales implicados.
Con respecto a las medidas adoptadas, el Fiscal enfatizó la importancia de la aplicación rigurosa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, instando a empresas y trabajadores a cumplir con sus disposiciones. Advirtió que muchos de los accidentes laborales pueden atribuirse a malas prácticas y a la falta de observancia de esta legislación.
Además, Fernández expresó una especial preocupación por la situación de los trabajadores inmigrantes, quienes a menudo son objeto de explotación laboral y corren un mayor riesgo de sufrir accidentes laborales, lo que agrava el problema en la región. La Fiscalía, por tanto, se ha comprometido a seguir trabajando en la defensa de los derechos de todos los trabajadores, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
