El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha enfatizado la importancia de educar a los padres sobre el uso de teléfonos móviles por parte de sus hijos, subrayando que regalar un smartphone a un niño, como suele hacerse en ocasiones como la Comunión, no es adecuado. En su opinión, el acceso a la tecnología debe ser gradual y acorde a la madurez del menor.
Durante una rueda de prensa previa a su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes para presentar la Memoria 2024 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, Fernández abordó la creciente preocupación por la interacción de los menores con las redes sociales y el potencial riesgo que estas representan. Reveló que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados un anteproyecto de ley orgánica que busca reforzar la protección de los menores en entornos digitales. Este proyecto tiene como objetivos principales controlar las conductas delictivas que afectan a los jóvenes en internet y limitar su acceso a contenidos ilícitos, especialmente pornografía.
El Fiscal destacó que el mundo digital no sólo facilita la difusión de pornografía infantil y ofrece un campo fértil para los depredadores sexuales, sino que también expone a los menores a otros contenidos perjudiciales, como la inducción a autolesiones o trastornos alimentarios. Señaló que, aunque todos son conscientes de esta problemática, existe un notable descontrol en la actividad digital de los menores, dejando a los padres a menudo impotentes ante las acciones de sus hijos en línea.
Fernández también subrayó que muchos niños pasan más tiempo en su vida digital que en su vida física y que es esencial que las escuelas controlen el uso de dispositivos móviles, que a menudo se convierten en herramientas para el acoso escolar y otros comportamientos delictivos. A su juicio, la presencia de móviles en el entorno escolar no genera beneficios, y su uso debería ser regulado, complementando esta medida con una adecuada educación familiar en el hogar.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que los padres sean educados como ciudadanos para evitar caer en la presión social, donde la posesión de dispositivos es vista como una norma. Según Fernández, esto representa un gran reto que debe ser abordado mediante la concienciación y la formación.
