El juicio contra al alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por la adjudicación irregular de unas obras en el municipio, ha quedado visto para sentencia después de dos días de vista. Ésta ha concluido con la elevación a definitiva de la petición de penas, de tal modo que el representante del Ministerio Fiscal mantiene cuatro años de prisión para el procesado al considerar que ha quedado probado que realizó una adjudicación «a dedo» para beneficiar a la madre de un amigo.
Así, la Fiscalía ha apuntado que debe procederse al dictado de una sentencia condenatoria para el acusado en base a que, a su juicio, también ha quedado plenamente demostrado que el alcalde ha sido autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos en la modalidad de aprobación indebida, apareciendo como cooperado «necesaria» la otra acusada, M.A.J., a la que el regidor ha querido beneficiar.
Según el Ministerio Fiscal, ha quedado «patente» que «hay una verdadera relación de amistad entre el jefe de Protección Civil (M.C.), hijo de la acusada M.A.J. y el alcalde» y que «se hace una adjudicación a dedo con la única intención de beneficiar a la acusada, todo ello en base a las declaraciones testificales de funcionarios del Consistorio y pese a que en todo momento el alcalde lo ha negado en sus declaraciones.
Además, para ocultar esa falta de trasparencia, el alcalde también decidió adjudicar la obra a una empresa. Para el Ministerio Fiscal «resulta inaceptable» que el regidor adjudicara una obra de esa envergadura a una empresa «inexistente» que «no tenía ni CIF», calificando este hecho como una irregularidad «clamorosa, patente y muy evidente».
También ha calificado como «algo gravísimo» las modificaciones sustanciales realizadas en este proyecto de obra sin dar tampoco cuenta a la arquitecta municipal y sin hacer una nueva valoración.
El Ministerio Fiscal cree que ha quedado probado que la empresa a la que se adjudicaron las obras «no existía en el tráfico jurídico, no estaba constituida» y que el acusado quería adjudicar las obras a la coacusada M.A.J. sin que esta tuviera la cualificación profesional ni experiencia para ello.
A ello ha añadido el hecho de que la factura que aportó la empresa tampoco recogía la realidad de la memoria valorada de la obra, con una diferencia «abismal del 50%». «Se exige rectitud y rigor en el ejercicio de la función pública y no se puede jugar con los intereses de la ciudadanía», ha añadido la Fiscalía insistiendo en las «graves irregularidades» cometidas, sin que tampoco se hayan justificado algunos gastos de la obra.
Por su parte, las defensas de ambos acusados han vuelto a pedir la absolución de sus defendidos.
En el turno de palabra, el alcalde Fontanar ha agradecido el tiempo al tribunal y ha reiterado su inocencia. El juicio ha quedado visto para sentencia.