En un reciente juicio ante el Tribunal Supremo, el fiscal jefe provincial de Toledo, Antonio Huélamo, ha negado rotundamente haber solicitado a una fiscal que trabajara desde casa durante su baja por un embarazo de riesgo. La fiscal en cuestión había sido sancionada con 1.500 euros por «retrasos injustificados» en su trabajo, y había presentado un recurso contra esta decisión.
Huélamo ha comparecido como testigo en el juicio y ha afirmado que la fiscal le informó un día antes de que se tomaría la baja y él simplemente le sugirió que, en la medida de lo posible, terminara los asuntos que tenía pendientes antes de ausentarse. Según el fiscal jefe, su intención era que la fiscal agilizara su trabajo pendiente antes de que se hiciera efectiva la baja médica.
En relación a una grabación presentada por la defensa durante el juicio, en la cual se captaba una conversación entre ambos, Huélamo no ha reconocido ni negado ser la persona que habla en la grabación, alegando que no puede asegurar si es su voz o no. El abogado del Estado ha calificado esta grabación como «pirata», insinuando que no es válida como prueba.
Durante la sesión, también se ha revelado que la Fiscalía de Toledo no cuenta con un delegado de prevención de riesgos laborales, y Huélamo ha afirmado que no se aplican medidas especiales en cuanto al reparto de trabajo para las fiscales embarazadas. Sin embargo, el fiscal jefe ha mencionado que ninguna fiscal embarazada le ha solicitado medidas especiales ni ha reportado una disminución en su carga de trabajo debido a su embarazo.
El abogado del Estado ha asegurado que este caso es simplemente un conflicto entre el fiscal jefe y la fiscal sancionada, debido a un «malentendido», y que el Tribunal Supremo decidirá si la sanción impuesta es proporcional o no.
Por su parte, la defensa ha argumentado que la fiscal fue sancionada por negarse a seguir trabajando estando de baja médica por un embarazo de alto riesgo. La defensa solicita que se anule la sanción, se le devuelva los 1.500 euros a la fiscal y se reconozcan las posibles vulneraciones al artículo 14 de la Constitución (igualdad y no discriminación) y al artículo 24 de la Carta Magna (derecho a un juicio justo).
En resumen, este polémico caso ha puesto de manifiesto la existencia de un supuesto «malentendido» entre el fiscal jefe provincial de Toledo y la fiscal sancionada, en relación a su baja por embarazo de riesgo. Ahora corresponde al Tribunal Supremo determinar si la sanción impuesta es justa o no.
