La lucha contra la despoblación es una prioridad para la Diputación de Albacete y el Gobierno de Castilla-La Mancha, quienes han firmado un protocolo para conformar una Agenda Común en este ámbito. Dos ideas principales guiarán esta labor: garantizar el acceso a servicios públicos y a infraestructuras básicas para todos los ciudadanos, siempre bajo el enfoque de la concertación.
El presidente de la institución provincial, Santiago Cabañero, ha celebrado la Ley 2/2021 aprobada por la Junta, destacando su carácter pionero en España y Europa para abordar el problema de la despoblación. En el caso de Albacete, 68 municipios – 41 de ellos en situación de extrema despoblación y con el 17% de la población total – se benefician de esta ley.
En este sentido, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que la Junta ha extendido las medidas fiscales a Barrax, Minaya, Fuensanta, Montalvos y Villalgordo del Júcar, municipios que enfrentan la disfuncionalidad de la Ley de Despoblación y que podrán beneficiarse de un 20% adicional en los proyectos empresariales que se ubiquen en ellos. Además, tendrán deducciones fiscales del 15% del tramo autonómico del IRPF en la próxima campaña de la renta.
Se busca que los pueblos sean lugares atractivos para vivir, pero también para invertir, gracias a las medidas de incentivación positiva para fomentar la actividad económica y hacer frente al problema de la despoblación.
El Gobierno regional ha destinado 1.700 millones de euros (el 23% del techo de gasto de la Comunidad Autónoma y el 3,6% del PIB de la región) a la lucha contra la despoblación. Este presupuesto se enfoca en garantizar la apertura de colegios con tan solo cuatro niños en una localidad, la proximidad de las urgencias rurales en un máximo de 30 minutos y la atención a personas en un radio de 40 kilómetros a su domicilio.
Por su parte, la Diputación de Albacete ha invertido más de 43,5 millones de euros en este ámbito, destinando casi 12 millones a servicios públicos, más de dos millones a diversificar la actividad económica, 2,3 millones de euros en líneas para la conciliación familiar y laboral, promoción de la cultura y ocio y más de 27 millones para el ámbito territorial con el objetivo de garantizar la accesibilidad por carretera a las zonas despobladas, fomentar las energías renovables y garantizar el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas.
