El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado la publicación de una nueva resolución de concesión de ayuda destinada a los productores de frutales y frutos de cáscara, con el objetivo de compensar las dificultades que han surgido a raíz de la sequía y de la guerra en Ucrania. Esta medida ha elevado a 206.981.398 euros el total de ayudas abonadas en Castilla-La Mancha, beneficiando a 98.766 agricultores de la región.
Milagros Tolón, delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, destacó el «esfuerzo sin precedentes» que se está desplegando desde el Ministerio para mitigar las consecuencias económicas generadas por la guerra en Ucrania y la sequía. En una nota de prensa, Tolón aseguró que «el Gobierno de España está plenamente comprometido con los agricultores y ganaderos de nuestra región, especialmente en este contexto marcado por la sequía y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania».
Según Tolón, estas ayudas representan «una inyección económica esencial para mitigar las pérdidas y garantizar la continuidad de nuestras explotaciones agrícolas, que son clave para el desarrollo de nuestro medio rural y de un sector fundamental para nuestro crecimiento».
A nivel nacional, con esta resolución se han finalizado los pagos a agricultores y ganaderos de diversas líneas de ayudas extraordinarias implementadas desde mayo de 2022 para abordar las dificultades ocasionadas por la guerra y la sequía. En total, se han abonado 1.364,9 millones de euros de los 1.382,35 millones de euros presupuestados, alcanzando así un 98,7 % de ejecución.
Estas aportaciones han ido destinadas a 659.490 agricultores y ganaderos, evidenciando un esfuerzo presupuestario sin precedentes en apoyo al sector agrario. Cabe mencionar que el 90 % de las ayudas fue financiado a través de los presupuestos generales del Estado, mientras que el 10 % restante provino de la reserva agrícola de crisis de la Unión Europea.
De las siete líneas de ayudas habilitadas, cinco han sido gestionadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), encargándose de prácticamente el 85 % del importe total, lo que permitió tramitar las ayudas de oficio sin necesidad de solicitud por parte de los agricultores y ganaderos, utilizando datos de superficies y animales por los que perciben las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Actualmente, se sigue gestionando la tramitación de los recursos de alzada presentados en las diferentes líneas de ayuda.
