El próximo 31 de diciembre de 2024 finaliza la moratoria contable aprobada durante la pandemia para aliviar la situación financiera de las empresas. A partir del 1 de enero de 2025, las compañías deberán sumar las pérdidas acumuladas en los ejercicios 2020 y 2021 a las de 2022, 2023 y 2024 para evaluar si se encuentran en causa legal de disolución. Esta situación obliga a las empresas, especialmente a las más afectadas por la crisis, a revisar sus cuentas y tomar medidas urgentes para evitar problemas mayores.
El fin de una medida excepcional
La moratoria contable fue una de las herramientas adoptadas por el Gobierno en 2020 para proteger a las empresas viables que, a causa de la pandemia, habían sufrido pérdidas significativas. Esta “tregua” permitió no computar las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de determinar si una empresa se encontraba en desequilibrio patrimonial.
Sin embargo, con el cierre del ejercicio 2024, esta medida llega a su fin. A partir del 1 de enero de 2025, las empresas deberán incluir esas pérdidas en el cálculo de su patrimonio neto, sumándolas a las de los últimos tres ejercicios.
¿Qué supone la causa de disolución?
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital (LSC), una empresa entra en causa de disolución cuando las pérdidas acumuladas reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. Ante esta situación, los administradores tienen la obligación legal de:
- Convocar una junta general de socios en un plazo máximo de dos meses.
- Proponer medidas para restablecer la situación patrimonial, como un aumento de capital, reducción del mismo o búsqueda de financiación externa.
- Disolver la sociedad si no existen otras soluciones viables.
Si los administradores no actúan en plazo, podrían enfrentarse a responsabilidades personales y responder con su propio patrimonio frente a las deudas generadas después de detectar la causa de disolución.
¿Qué deben hacer las empresas?
Con el fin de la moratoria, las empresas deberán tomar decisiones rápidas para evitar consecuencias graves:
- Revisión urgente de cuentas: Al cierre del ejercicio 2024, es necesario evaluar si el patrimonio neto supera la mitad del capital social.
- Medidas correctivas: Si la situación es crítica, será necesario adoptar soluciones como ampliaciones de capital, búsqueda de inversores o reestructuraciones financieras.
- Preparación para la junta general: Los administradores deben convocar a los socios y proponer medidas concretas para garantizar la continuidad de la empresa.
Un momento clave para las empresas
El fin de la moratoria representa un desafío para aquellas compañías que no han logrado recuperarse completamente desde la pandemia. Las pérdidas de 2020 y 2021, hasta ahora “congeladas”, volverán a computarse junto con las de los últimos años, lo que podría situar a muchas empresas en un escenario de desequilibrio financiero.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el grueso del tejido empresarial español, podrían ser las más afectadas si no adoptan medidas a tiempo.
Responsabilidad de los administradores
Además del riesgo de disolución, la ley establece un régimen de responsabilidad para los administradores que no actúen con la diligencia debida. Si no convocan la junta en plazo o no toman decisiones para corregir la situación, podrían responder solidariamente con su patrimonio personal frente a las deudas de la empresa.
Conclusión: evitar problemas a tiempo
El 1 de enero de 2025 marcará el fin de una etapa de alivio contable y la vuelta a la realidad financiera para muchas empresas. Los administradores deben actuar con anticipación, revisar las cuentas al cierre de 2024 y adoptar medidas correctivas si es necesario.
Detectar el problema a tiempo y proponer soluciones será clave para evitar la disolución de empresas viables y, sobre todo, proteger el patrimonio personal de los responsables. El mensaje es claro: más vale prevenir que enfrentarse a consecuencias legales y económicas en el futuro.
vía: Noticias financieras
