Este domingo 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia y la Fundación Franz Weber ha denunciado que España y las diferentes administraciones autonómicas colaboran en la exposición de niños, niñas y adolescentes a actos de violencia. Por ello, ha reclamado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la exposición de menores de situaciones de violencia en actividades como la caza o la tauromaquia.
En nota de prensa, en el caso de Castilla-La Mancha, «con cualquier edad pueden acompañar a un adulto durante cacerías, exponiéndose a caídas, reacciones de animales heridos o disparos accidentales». «Desde los 14 pueden obtener una licencia para disparar y con respecto a la tauromaquia se les permite un acceso prácticamente libre, incluso como aprendices ejerciendo crueldad contra bóvidos en las mal llamadas escuelas taurinas de la región o en campamentos con tentaderos, como el realizado en Guadalajara».
FFW reclama un verdadero compromiso al Gobierno autonómico, «no simples declaraciones públicas que se quedan en papel mojado cuando se comprueba la continuada exposición a la violencia que sufre este colectivo tan vulnerable y sensible de la población».
La consideración de prácticas como la caza como un deporte o de la tauromaquia como una actividad tradicional acaba generando que personas menores de edad contemplen, «desde épocas muy tempranas, que el maltrato hacia los animales es correcto como forma de ocio», señalan desde la fundación.
Asimismo, los naturalistas recuerdan como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Ejecutivo central alejar a cualquier menor de edad de eventos taurinos, una circunstancia que tan solo Islas Baleares ha cumplido en su Ley de Protección Animal, prohibiendo el acceso hasta los 18 años.
En el periodo 2007-2020, tal y como señala FFW, las estadísticas de la Guardia Civil indican que al menos 19 menores sufrieron lesiones y 2 fallecieron como consecuencia de accidentes relacionados con la caza en toda España.
Ninguno de estos sucesos, advierten los naturalistas, motivó que las comunidades autónomas tomaran medidas adicionales o cambios legislativos para evitar nuevas víctimas en trece años.
