La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, dirigida por su presidente y alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, planea convocar una reunión de su Consejo Territorial hacia el final de esta semana, con altas probabilidades de que sea este viernes. El propósito de dicho encuentro es presentar una declaración institucional en oposición a la propuesta de otorgar a Cataluña una «caja singular» y una «fiscalidad propia». Esta posibilidad se baraja como parte de un potencial acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Socialista de Cataluña (PSC).
Gregorio ha expresado su alarma ante el prospecto de este acuerdo, advirtiendo que la «insolidaridad se cierne» sobre las comunidades autónomas si se llevase a cabo. Según Gregorio, un pacto de esta naturaleza no solo no sería beneficioso para España, sino que tendría efectos negativos. También enfatizó que los ayuntamientos, que él representa como presidente de la FEMP en Castilla-La Mancha, experimentarán los impactos de dicha insolidaridad en la financiación. Además, señaló el impacto adicional que se suma por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La opinión del presidente es que si ERC lograse formalizar tal acuerdo, esto conduciría a una división entre zonas más ricas y más pobres en España, afectando la capacidad de estas últimas para mantener adecuadamente sus servicios públicos. En su intervención, Gregorio subrayó que la FEMP busca elevar el debate público argumentando que un pacto fiscal de este tipo podría transgredir uno de los pilares fundamentales de la Constitución Española, es decir, el principio de solidaridad y colaboración entre territorios.
Gregorio alberga la esperanza de que finalmente la sensatez prevalezca, especialmente dentro del PSOE, y que los socialistas rechacen esta forma de financiación. Reafirmó que la defensa de este asunto no es solo a nivel institucional, sino que también concierne a la ciudadanía, que en su opinión necesita del apoyo estatal, abarcando a jóvenes y mayores por igual.
Para finalizar, el presidente de la FEMP mostró su disposición a impugnar el acuerdo ante el Tribunal Constitucional utilizando todos los recursos jurídicos disponibles en el marco del Estado de Derecho, con la finalidad de defender lo que considera son los intereses de los municipios y provincias de Castilla-La Mancha en el contexto nacional.
