El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha manifestado su desacuerdo con el reciente pacto entre el PSOE y Junts que permitirá a la Generalitat de Cataluña asumir competencias en inmigración. Según González, estas competencias «no son transferibles ni delegables», una afirmación respaldada por el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha criticado enérgicamente el acuerdo. García-Page se mostró «abochornado» por lo que considera una alianza con la «peor» extrema derecha, en alusión al partido de Carles Puigdemont, y advirtió que el pacto compromete las posibilidades de alcanzar un acuerdo de Estado sobre inmigración con las comunidades autónomas.
González se ha alineado con la postura de García-Page, subrayando que las competencias en inmigración son exclusivas del Estado, tal como lo establece la Constitución española. Esta posición contrasta con la interpretación del Gobierno, que sostiene que el acuerdo implica una delegación, no una cesión de competencias. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, defendió el pacto en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, intentando aclarar esta distinción.
Sin embargo, el Gobierno ha sido objeto de críticas desde diversos sectores, no solo por parte de la oposición, sino también de sus propios socios parlamentarios. Entre las voces más críticas se encuentra Podemos, que ha calificado el acuerdo de «racista» y ha anunciado su intención de votarle en contra en el Congreso. La controversia en torno al manejo de las competencias migratorias continúa generando un intenso debate en el seno de la política española.
