La Comisión de Igualdad de las Cortes de Castilla-La Mancha ha vivido momentos de tensión este jueves, tras el enfrentamiento de los grupos parlamentarios debido a discrepancias en las resoluciones sobre el Informe de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha 2022.
La sesión no culminó con un acuerdo unánime, sino con dos propuestas de resolución distintas. Por un lado, la presentada por el Grupo Parlamentario Vox fue rechazada al no recibir apoyo ni del Partido Popular ni del PSOE. Por el otro, la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista fue aprobada por los votos de su propio grupo, mientras que el PP se abstuvo y Vox votó en contra.
Durante el debate, Charo García Saco, diputada socialista, mostró su descontento ante la falta de consenso, recordando que las resoluciones de años anteriores habían contado con aprobación unánime. García Saco defendió su resolución alegando que se habían incorporado datos sobre violencia sexual y apuntó que se buscó cumplir con las solicitudes del PP para enviar un mensaje unificado a las víctimas de violencia de género.
La propuesta del PSOE hace hincapié en la importancia del trabajo continuo en educación familiar y en la provisión de servicios de atención y alojamiento especializados para mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, insta al Gobierno regional a mejorar las políticas de prevención, destacando la labor del programa ‘Contigo’, que atendió a 161 mujeres por agresiones sexuales en 2022. También se aboga por la renovación y adecuada financiación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género por una sociedad más igualitaria.
Por su parte, María Roldán, diputada del Partido Popular, arguyó que su grupo no podía respaldar una resolución que, desde su punto de vista, ignora las consecuencias de la aplicación de la ‘Ley del Solo Sí es Sí’, incluyendo las excarcelaciones derivadas de la misma. Roldán enfatizó que este hecho ha causado sufrimiento a las víctimas en la región, y rechazó la omisión de esta cuestión en la resolución.
El documento de Vox abordaba varias iniciativas polémicas, como la derogación de la Ley Contra la Violencia de Género de 2004, la eliminación de subvenciones a asociaciones vinculadas a políticas de género y la erradicación de la «ideología de género» de programas educativos. Además, proponía un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales y el endurecimiento de las penas para los agresores, incluidos menores de edad.
En una sesión marcada por la confrontación de ideologías, queda patente la división existente entre los grupos parlamentarios y la dificultad para alcanzar acuerdos en cuestiones cruciales como la lucha contra la violencia de género en Castilla-La Mancha. Estas diferencias dejan entrever los desafíos que presenta la formulación de políticas efectivas que atiendan a las necesidades de las víctimas y refuercen las medidas preventivas en la región.
