En plena conmemoración del Día Internacional del Consumidor, Facua Castilla-La Mancha tomó las calles de Toledo este viernes para exigir la creación de una normativa comprehensiva que proteja al consumidor frente a las prácticas abusivas de empresas y entidades, tanto a nivel nacional como regional. La demanda clave de la organización es la implementación de un régimen sancionador efectivo que ponga freno a los abusos de mercado.
El secretario general de Facua Castilla-La Mancha, Florencio Pérez, destacó la importancia de contar con sanciones significativas, considerándolas el elemento esencial para garantizar una genuina protección al consumidor. En su contacto con la prensa, Pérez enfatizó la necesidad de una legislación que imponga penalidades disuasorias frente a dicho comportamiento de las empresas, en lugar de las sanciones consideradas «irrisorias» que prevalecen hoy en día.
Durante el ejercicio actual, la organización ha atendido a más de mil consultas y ha tramitado sobre 500 expedientes, muchos de carácter administrativo y otros tantos en proceso judicial. Los problemas más acuciantes señalados por Facua involucran a sectores como la banca, con controversias por comisiones exorbitantes y reclamos sobre gastos hipotecarios, así como los cada vez más frecuentes fraudes en la banca electrónica.
El gremio de las telecomunicaciones y la energía, junto con el sector de los seguros y los suministros, también representan fuentes significativas de quejas. Pérez hizo especial hincapié en las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan ciertos grupos como las personas mayores y aquellos en situación económica precaria, los cuales son frecuentemente objetivos de engaños y prácticas ilegítimas.
En la previa a la Semana Santa, Facua Castilla-La Mancha también ha lanzado una advertencia a los consumidores para que estén alertas ante posibles engaños, especialmente en lo que respecta a alojamientos y los cada vez más populares vuelos ‘low cost’, donde los fraudes suelen proliferar.
La entidad continúa con su labor de informar y luchar por los derechos de los consumidores, al mismo tiempo que insta a las autoridades públicas a incrementar la protección hacia los sectores más expuestos a los abusos del mercado. La acción de hoy no solo busca educar a la ciudadanía sobre sus derechos, sino también demandar cambios legislativos decisivos que aseguren un entorno de consumo justo y equitativo.
