En una decisión judicial sin precedentes, un tribunal de Seúl extendió la orden de detención del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, marcando un nuevo capítulo en la crisis política que envuelve al país. La medida se tomó tras la incapacidad de las autoridades para arrestar al mandatario, cuya orden previa expiró sin que se ejecutase la detención.
La extensión fue otorgada por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl a petición de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO). Dicha solicitud llegó solo horas antes de que la orden original perdiera validez y después de un intento fallido de captura, bloqueado por el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS). Este cuerpo especial, encargado de la protección del presidente, impidió el acceso de los agentes a la residencia de Yoon la semana pasada, desplegando unos 200 efectivos para formar barreras humanas que duraron horas, lo que forzó al CIO a abandonar sus esfuerzos.
A pesar de los esfuerzos del PSS y la controversia generada, los detalles sobre la duración de la nueva orden no han sido revelados por los investigadores, quienes enfrentan dificultades sin precedentes para llevar a cabo el arresto del presidente. Yoon, actualmente bajo investigación por supuestos delitos de insurrección relacionados con su proclamación de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, ha sido prohibido de salir del país. La insurrección es el único delito por el cual un presidente en ejercicio puede ser juzgado en Corea del Sur.
Las reacciones al desarrollo de estos eventos han sido mixtas, con manifestaciones tanto en apoyo como en contra del presidente destituido, quien fue removido de su cargo por el Parlamento el 14 de diciembre, precisamente por su declaración de la ley marcial. Actualmente, Yoon espera la decisión del Tribunal Constitucional, que hasta junio debe resolver si lo restituye o lo declara cesado de manera definitiva.
Este drama político y legal se desenvuelve dentro de un marco donde Corea del Sur mantiene un castigo severo para los líderes de movimientos insurreccionales, enfrentándose a penas de cadena perpetua o la pena capital, aunque esta última ha sido moratoria durante casi cuatro décadas en el país. Ahora, con la prórroga concedida, los investigadores tienen un nuevo plazo para arrestar a Yoon, contando con 48 horas luego del arresto para interrogarlo, y posiblemente solicitar otra extensión de la detención si fuese necesario, añadiendo así más incertidumbre a este ya tenso escenario político en Corea del Sur.
