El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a 45 años de prisión seguidos de cinco años de libertad vigilada por un juez en Nueva York, en una decisión que evita la cadena perpetua inicialmente propuesta por la fiscalía estadounidense. Hernández, quien lideró Honduras entre 2014 y 2022, enfrentó acusaciones de estar involucrado en operaciones de narcotráfico y uso indebido de armas.
Durante el juicio, el magistrado Kevin Castel subrayó la gravedad de las acciones de Hernández, destacando que mientras públicamente se manifestaba en contra del narcotráfico, en la clandestinidad contribuía a la importación de enormes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. Castel resaltó que la condena a Hernández, quien actualmente tiene 55 años, envía un mensaje claro hacia aquellos que creen que su posición los exime de rendir cuentas ante la justicia.
La sentencia también incluye una sanción económica de 8 millones de dólares, y el juez ha dado un plazo de dos semanas al abogado de Hernández para explicar cómo se efectuará dicho pago. La decisión del juez sobre en qué instalación penitenciaria Hernández cumplirá su sentencia se tomará en un período de 120 días; hasta entonces, permanecerá en una cárcel de Brooklyn.
En la sala del tribunal, Hernández, visiblemente envejecido y apoyándose en un bastón, escuchó la sentencia con poco asombro, posiblemente porque la pena fue cercana a la solicitada por su defensa (40 años) en lugar de la cadena perpetua que exigía la fiscalía. Hernández únicamente tomó la palabra tras conocerse la sentencia para preguntar si podía mantener a Renato Stabile como su abogado, posibilidad que el juez aceptó para el periodo de apelación, en caso de que se presente.
El veredicto no generó celebraciones entre los hondureños presentes fuera del juzgado, quienes, portando banderas de su país, probablemente esperaban una condena aún más severa para el expresidente, cuya administración estuvo plagada de controversias y alegaciones de corrupción y nexos con el narcotráfico.
Este juicio marca un punto culminante en la lucha contra la corrupción política en Honduras y envía una señal de advertencia hacia otros líderes políticos, reafirmando el mensaje de que nadie está por encima de la ley, especialmente aquellos involucrados en actividades ilícitas transnacionales. La condena de Hernández se suma a una serie de procesos judiciales en Estados Unidos destinados a combatir el trasiego de drogas y la corrupción gubernamental en América Latina.
