Las violaciones a los derechos humanos en Irán no son nada nuevo. Desde 1979, tras la Revolución Islámica, el país ha reprimido cualquier tipo de disidencia política, religiosa o cultural, con un enfoque particularmente duro en casos de crímenes graves, como los relacionados con drogas o terrorismo.
Sin embargo, la situación parece haberse agravado en los últimos años. Los informes de ejecuciones masivas, así como de juicios sin garantías claras para los acusados, han sido cada vez más frecuentes. En este contexto, la denuncia del Relator Especial para Irán, Javaid Rehman, sobre la ejecución de 143 personas en 2023 no debe ser tomada a la ligera.
Rehman ha afirmado que estos juicios fueron «extremadamente injustos», y se refirió en particular a la falta de un debido proceso, el uso de pruebas obtenidas mediante tortura y la negación del derecho a una defensa adecuada. Además, según el Relator, muchos de los acusados eran personas pobres, marginadas o miembros de minorías étnicas y religiosas, lo que indica una discriminación sistemática en el sistema judicial iraní.
Las ejecuciones masivas también son motivo de preocupación. En enero de 2023, por ejemplo, se informó de la ejecución de 67 personas en una sola noche, en la prisión de Ghezel Hesar. Según algunas fuentes, la mayoría de ellas habían sido condenadas por cargos relacionados con drogas, pero no se dieron detalles sobre los juicios ni tampoco se facilitó información a las familias de los ejecutados.
El aumento de las ejecuciones también indica un cambio en la política de Irán. Antes de 2023, el país había reducido progresivamente el número de ejecuciones. De hecho, en 2017, Irán se convirtió en el segundo país con la mayor cantidad de ejecuciones en el mundo, detrás de China. Sin embargo, en los años siguientes, el país había adoptado una política de reducción de la pena de muerte, que parecía ir en la dirección correcta.
Ahora, este avance parece haber sido revertido, y esto es algo que debe llamar la atención de la comunidad internacional. La lucha contra la pena de muerte es un tema global, y se ha demostrado que no es eficaz para prevenir crímenes o reducir la delincuencia. Además, la mayoría de los países del mundo han abolido esta medida, por lo que Irán está cada vez más aislado en este tema.
Por otro lado, la falta de garantías en los juicios y la discriminación en el sistema judicial son temas que también son parte de la lucha por los derechos humanos en general. Irán sigue siendo un país que viola sistemáticamente los derechos de las mujeres, los activistas políticos, los defensores de los derechos humanos y, en general, cualquier persona que se aleje de la línea oficial del régimen.
La comunidad internacional, en este sentido, debe hacer más para denunciar estas violaciones de derechos humanos y para instar a Irán a cumplir con sus obligaciones internacionales. La Unión Europea, por ejemplo, ya ha reaccionado a las últimas ejecuciones en el país, y ha pedido que se detengan de inmediato.
En conclusión, la denuncia del Relator Especial para Irán sobre las ejecuciones masivas y los juicios injustos en el país no es algo aislado. Irán sigue siendo un país que viola los derechos humanos de manera sistemática, y que parece estar volviendo a recurrir a la pena de muerte de manera más frecuente. La comunidad internacional debe actuar de manera decidida para detener estas violaciones, y para garantizar que Irán respete los derechos de todos sus ciudadanos.
