De momento, poco se conoce en relación a esta medida, que ha suscitado no sólo la esperanza entre los afectados, sino también el debate social en torno a la inmigración y su papel en la economía de nuestro país. Se le llama “regularización masiva” o “regularización extraordinaria” y, de aprobarse, se podrían acoger a ella los extranjeros llegados a España antes del 1 de noviembre de 2023, unas 500.000 personas.
Muy importante, advierten desde Le Morne Brabant Abogados, tener en cuenta que lo que aprobado en el Congreso ofrece al ejecutivo de Pedro Sánchez un plazo de seis meses para sacar adelante un real decreto que establezca el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que estén en territorio nacional antes de la fecha señalada. Es decir, que lo acordado en el Congreso no implica que se haya consensuado una regularización masiva, sino que va esta posibilidad va a ser estudiada en el Parlamento.
Poco más se conoce de la propuesta, de momento. Se sabe que desde su aprobación el pasado día 9 de este mes se inicia un trámite parlamentario en el que podrían incluirse posibles enmiendas y que deberá finalizar antes de seis meses.
A partir de entonces, se darán a conocer tanto los requisitos formales como los pasos necesarios para la regularización. ¿Y qué supone para quienes se acojan a ella? Aunque no se sabe aún, se podrían conseguir los ansiados papeles, esto es, enumera desde Le Morne Brabant Abogados Jeniffer Muñoz: la tarjeta de residencia, el permiso de trabajo y, dependiendo del caso, la obtención de la nacionalidad española.
Para la abogada, el consenso parlamentario en torno a esta medida (sacada adelante sólo con oposición de Vox) tiene que ver con la futura contribución de esta importante masa laboral a la economía y la fiscalidad de nuestro país. Con el derecho a trabajar de manera legal, añade, se podría eliminar parte importante de la economía sumergida.
En cuanto a qué tipo de trabajadores serían los más beneficiados por la modificación de la ley de extranjería, desde este despacho señalan a aquellos inmigrantes que, forma irregular, vienen ejerciendo profesiones en las que no se cumplen los requisitos de jornada, cotización y estabilidad laboral, entre ellos” jornaleras, temporeros o trabajadoras y trabajadores sexuales, afectando también, pese a no ser trabajadores, a niños que han nacido en el país”.
Desde este bufete se muestran optimistas en que la “legalización” de estas personas se produzca finalmente, y aconsejan el asesoramiento profesional para un proceso administrativo, que puede convertirse en farragoso “en relación a la cita previa y la demora del expediente cuando no se cuenta con el apoyo legal necesario”
La recogida de 600.000 por parte de colectivos afectados ha hecho posible la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular, la cuarta que lo consigue de las 137 aprobadas desde 1983.
Nota de Le Morne Brabant.
