La Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para juzgar un caso perturbador este martes, 28 de noviembre. El individuo en el banquillo, identificado como S.I.G.M., enfrenta graves acusaciones que incluyen un delito de abuso sexual continuado y otro de amenazas hacia su sobrina política, que en el momento de los hechos denunciados era menor de edad. La Fiscalía, con los detalles del caso en mano, ha solicitado una pena de prisión que asciende a seis años y tres meses para el acusado.
Los eventos detallados en el escrito del Ministerio Fiscal, accesible gracias a fuentes de Europa Press, revelan que durante el verano de 2018, la víctima, quien por entonces tenía solo diez años, sufrió reiteradas invasiones a su intimidad sexual. Dichos incidentes ocurrieron cuando viajaba sola con su tío político en su vehículo, quien aprovechaba la situación para realizarle tocamientos indebidos en la entrepierna.
A pesar de los esfuerzos de la menor por evitar estas acciones, cerrando sus piernas y retirando la mano del acusado, éste persistía. Empleaba además amenazas para asegurar su silencio, indicándole que si contaba algo, difundiría imágenes de la niña desnuda en la ducha a sus amigos y familiares.
El relato del fiscal cuenta que en un viaje específico desde la capital de Ciudad Real a una localidad vecina, el acusado no solo continuó con esta conducta abusiva sino también amenazó a la víctima con una navaja de cocina para infundir miedo y garantizar su silencio. Una vez en la casa de campo de la familia, el acusado intentó forzar a la menor a cambiarse de ropa ante su vista, y sugirió tomar fotografías de ella, a lo que la niña se opuso.
Contemplando la gravedad de los hechos, la Fiscalía no solo busca lograr una condena que implique prisión, sino también implementar medidas adicionales para proteger a la joven. La petición incluye una orden de alejamiento de al menos 200 metros y la exigencia de una indemnización por un importe de 12.000 euros, cifra que pretende compensar el daño psicológico ocasionado a la afectada.
El caso, que ha conmocionado a la comunidad, espera llegar a una resolución que haga justicia y atienda a la protección y reparación de la menor afectada, mientras envía un mensaje contundente en la lucha contra el abuso sexual infantil y el acoso. La sociedad espera una condena adecuada que refleje la gravedad de los hechos y prevenga la repetición de actos similares en el futuro.
