La exalcaldesa de Ocaña (Toledo), Remedios Gordo, ha defendido su inocencia ante las acusaciones de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber otorgado en 2016 un complemento de productividad de 200 euros a su esposo, J.J.G.C., quien también está siendo procesado por malversación. Durante su alegato final, Gordo afirmó que se trata de una «persecución absolutamente política» que les ha causado graves repercusiones en su vida profesional y personal, señalando al actual equipo de Gobierno del PSOE en Ocaña como responsable de esta situación.
En su declaración inicial, Gordo explicó que la concesión del complemento de productividad a su marido se justificó por un aumento de trabajo tras la jubilación de la archivera del municipio. Aclaró que este complemento no solo se aplicó a su esposo, sino también a otros empleados municipales, y que se realizó de manera verbal, según lo que consideraba una práctica habitual en la administración local. Gordo destacó que nunca nadie le indicó la necesidad de un informe jurídico para la concesión.
Además, remarcó que durante sus ocho años como alcaldesa no recibió ningún tipo de reprimenda por su gestión y que la concesión del complemento había sido conocida por las áreas correspondientes del Ayuntamiento, así como por la oposición. Sin embargo, el nuevo equipo de Gobierno retiró este complemento en 2019, lo que llevó a la exalcaldesa y su esposo a demandar al Juzgado de lo Social para recuperar dicho pago, alegando que su esposo continuaba desempeñando funciones similares.
Por su parte, J.J.G.C. apoyó la defensa de su esposa, asegurando que la concesión del complemento se hizo de manera justificada, ya que tuvo que asumir las funciones de la archivera tras su jubilación. Expresó que sentía que el complemento le pertenecía y que la denuncia ante el Juzgado de lo Social comprobaba su posición.
En el juicio, tres testigos declararon sobre el asunto. Una de ellas, que fue tesorera del Ayuntamiento durante el periodo en cuestión, confirmó que la concesión del complemento se realizó de manera verbal, aunque contradijo a Gordo al afirmar que no estaba motivado por una sobrecarga de trabajo, sino por la supervisión de obras. Otro testigo, la exsecretaria del Ayuntamiento, manifestó que no se enteró de la concesión del complemento hasta que comenzó el proceso judicial, mientras que una asesora jurídica del anterior equipo de Gobierno corroboró que la decisión de otorgar complementos era competencia de la alcaldía.
Tras las declaraciones, el Ministerio Público y la acusación particular han pedido penas de diez años de inhabilitación para Gordo y tres años y seis meses de prisión por malversación de caudales públicos, mientras que para su esposo solicitan dos años de cárcel. En contraste, las defensas han solicitado la libre absolución, argumentando que no hay pruebas suficientes que sustenten los hechos delictivos imputados.
